Con el fondo estatal, al que deberían realizar sus transferencias las eléctricas hasta 2022 para el almacenamiento temporal y definitivo de residuos nucleares, se garantiza la existencia de reservas y se exime de responsabilidades a las empresas.

A la espera de analizar a fondo la documentación utilizada por la comisión para presentar sus conclusiones, las empresas afectadas criticaron las cifras barajadas al estimar que sobrepasan sus capacidades económicas. 

Las eléctricas aseguran que están dispuestas a asumir sus obligaciones en el proceso de desmantelamiento de las centrales, aprobado por el Gobierno alemán tras la catástrofe de la central japonesa de Fukushima, pero consideraron que los almacenes de residuos suponen una tarea que corresponde al Estado.

Con cifras de 2014, la comisión cifró en unos 47.500 millones de euros el coste total del desmantelamiento de las centrales y del almacenamiento de los residuos nucleares.

En ese marco propone que las eléctricas establezcan unas reservas de cerca de 19.800 millones de euros para sufragar el cierre y la demolición de las centrales -hasta 2040- y para el empaquetamiento y transporte de los residuos.

El Estado sería responsable de la construcción y la gestión de esos almacenes, apoyado por un fondo al que las eléctricas deberían transferir los citados 23.342 millones de euros hasta 2022.