La Junta de Andalucía desarrolla en la actualidad planes con unas inversiones totales de 6.393 millones de euros en depuración de aguas residuales, mejora forestal y gestión de residuos. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha resaltado estas tres iniciativas en un informe presentado ante el Consejo de Gobierno sobre las políticas de su departamento durante esta legislatura.

Además, Trillo ha afirmado que antes de abril se aprobará el nuevo Plan Andaluz de Medio Ambiente, Horizonte 2017, que marcará las bases para consolidar el patrimonio natural y la calidad ambiental como motores del desarrollo socioeconómico y de la creación de puestos de trabajo en la comunidad autónoma. En relación con esto, el consejero ha destacado que la Comunidad Autónoma ya genera el 18% del empleo verde existente en España y cuenta con capacidad para duplicar en la próxima década el número de personas ocupadas en el sector medioambiental, hasta superar las 200.000.

Respecto a los tres principales planes que se destacan en el informe, el de saneamiento y depuración de aguas residuales supone una inversión de 1.765 millones de euros hasta 2015 y un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo; la tercera adecuación del Plan Forestal Andaluz, 2.444 millones y 19,5 millones de jornales hasta 2015, y el de Gestión de Residuos no Peligrosos 2.184 millones 8.571 empleos hasta 2019.

Además de estos planes, la Junta ha dedicado en el último trienio cerca de 150 millones de euros en incentivos a proyectos relacionados con espacios naturales protegidos, prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de los montes, calidad y protección ambiental de las empresas, educación, voluntariado ambiental y lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, la legislatura comenzó con un gran Pacto por el Agua que sentaría las bases para una política del agua propia y culminó con la aprobación de la Ley de Aguas para Andalucía el 30 de julio de 2010. Esta ley recoge desde la normativa propia de la administración del agua hasta la planificación, el régimen de obras hidráulicas, la normativa del ciclo urbano del agua, las aguas subterráneas, las comunidades de usuarios, el régimen de prevención de inundaciones y sequías, el régimen disciplinario y el régimen económico-financiero. Una ley que crea alrededor de 76.000 puestos de trabajo generados a partir de los distintos planes de depuración, limpieza de cauces y obras generales.

En los cuatro años de gobierno también se han dedicado 947,78 millones de euros en la mejora del ciclo integral del agua urbana, de los que 426 millones corresponden a infraestructuras de saneamiento y depuración y 521,78 al abastecimiento en distintos puntos del territorio. Además, se han destinado 62,5 millones para la mejora de presas y 320,14 para la defensa de avenidas e inundaciones en cauces urbanos.