Castilla y León: El Consejo Económico y Social recomienda agilizar la modificación del Plan de Residuos Industriales
El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha urgido a la Junta a que apruebe cuanto antes el decreto que modifica el Plan de Residuos Industriales de la Comunidad y ha considerado necesario una actualización del "inventario de residuos" para reflejar su realidad.
Así lo indicó el CES en el informe previo redactado por esta institución del decreto que proyecta la Junta para modificar el plan regional de residuos industriales.
El CES plantea que se desarrolle un inventario de residuos que sea fiel a la realidad en cuanto a generación y gestión de residuos de origen industrial en la Comunidad Autónoma, lo que facilitaría dimensionar las instalaciones de tratamientos y "fijar objetivos de reducción que sean medibles y comparables".
En sus recomendaciones y conclusiones el Consejo urge a que se apruebe ese nuevo plan en breve ya que es un aspecto muy importante para el desarrollo económico y social, "no sólo del sector de los residuos sino del conjunto de industrias de la Comunidad".
Según el CES, las industrias podrán disponer de "los servicios mínimos de tratamiento de residuos, con la consiguiente reducción de costes derivados del transporte" de los mismos fuera de la Comunidad. Además, considera necesario disponer de una evaluación del Plan 2006-2010 y aún vigente, para que se pueda "aportar la experiencia adquirida".
También recuerda en sus conclusiones que si la Junta hubiera tenido en cuenta las recomendaciones del informe de 2006 relativo al actual plan, y en concreto sobre que no debía dejarse abierta, en cuanto a no definida, la ubicación de las instalaciones de gestión de residuos, habrían sido innecesarias algunas de modificaciones que luego han sido impuestas vía sentencia.
Este mismo año la Junta tuvo que incluir instalaciones de Soria, Palencia, Zamora y Burgos en el documento para la modificación del plan regional de residuos industriales tras una sentencia del Tribunal Supremo.
El documento elaborado por el Consejo también constata que como la explotación de la gestión de esos centros será privada, esto obliga a la administración a vigilar las obligaciones que se marquen en la autorización de esa gestión.
Así lo indicó el CES en el informe previo redactado por esta institución del decreto que proyecta la Junta para modificar el plan regional de residuos industriales.
El CES plantea que se desarrolle un inventario de residuos que sea fiel a la realidad en cuanto a generación y gestión de residuos de origen industrial en la Comunidad Autónoma, lo que facilitaría dimensionar las instalaciones de tratamientos y "fijar objetivos de reducción que sean medibles y comparables".
En sus recomendaciones y conclusiones el Consejo urge a que se apruebe ese nuevo plan en breve ya que es un aspecto muy importante para el desarrollo económico y social, "no sólo del sector de los residuos sino del conjunto de industrias de la Comunidad".
Según el CES, las industrias podrán disponer de "los servicios mínimos de tratamiento de residuos, con la consiguiente reducción de costes derivados del transporte" de los mismos fuera de la Comunidad. Además, considera necesario disponer de una evaluación del Plan 2006-2010 y aún vigente, para que se pueda "aportar la experiencia adquirida".
También recuerda en sus conclusiones que si la Junta hubiera tenido en cuenta las recomendaciones del informe de 2006 relativo al actual plan, y en concreto sobre que no debía dejarse abierta, en cuanto a no definida, la ubicación de las instalaciones de gestión de residuos, habrían sido innecesarias algunas de modificaciones que luego han sido impuestas vía sentencia.
Este mismo año la Junta tuvo que incluir instalaciones de Soria, Palencia, Zamora y Burgos en el documento para la modificación del plan regional de residuos industriales tras una sentencia del Tribunal Supremo.
El documento elaborado por el Consejo también constata que como la explotación de la gestión de esos centros será privada, esto obliga a la administración a vigilar las obligaciones que se marquen en la autorización de esa gestión.
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