El pleno del Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental) ha dado luz verde a la revisión del contrato del servicio de limpieza del espacio público y la recogida de basura con la empresa Smatsa. La adjudicación se realizó en 2012 por un importe de 18,5 millones anuales hasta 2027, y forma parte de la investigación del caso Mercuri.

El hecho de que haya dos procedimientos judiciales abiertos a su alrededor y que la formación Crida per Sabadell haya pedido la revisión son motivos suficientes como para que el secretario municipal haya validado el procedimiento. El pasado 1 de febrero se aprobó la propuesta, y que se presenten los resultados en un máximo de 6 meses para valorar si se trasladan a la Generalitat y la posibilidad de declarar nulo el contrato.

En el mandato 2015-2019 el gobierno municipal, integrado por ERC, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi y Guanyem Sabadell impulsó un procedimiento para municipalizar el servicio, pero según detallan fuentes municipales, no avanzaron en la elaboración de un informe para valorar las repercusiones jurídicas y económicas que tendría romper el contrato com Smatsa.

El actual gobierno ha encargado unos informes en esta línea, que según avanza el Diari de Sabadell y han confirmado fuentes municipales, supondría un gasto de entre 6,6 y 13,6 millones que el consistorio debería abonar a la concesionaria. Una vez analizada la situación actual, el secretario municipal ha validado el inicio de una revisión del contrato en el pleno del 1 de febrero.

Este procedimiento servirá para reunir toda la información de que se dispone a través de un funcionario o jurista, que deberá enviar todo el material a las partes implicadas, también a la empresa, que a su vez podrá presentar alegaciones. En un plazo de seis meses como máximo, se reunirán todas las conclusiones en un expediente y se elevará al pleno municipal, previsiblemente el de julio o septiembre, dado que en agosto no se celebra.

El resultado de la votación que se haga en el pleno no determinará, según fuentes municipales, que el contrato sea considerado nulo, en caso de que se confirmen irregularidades, por ejemplo, en la forma en que se asignó o publicitó, sino que se dará traslado a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que determinaría su nulidad, en caso de que éste fuera el resultado.

El contrato con Smatsa es uno de los protagonistas de la investigación del caso Mercuri, que analiza las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso del servicio de limpieza y recogida de basura. Se trata de la posible connivencia entre la empresa y el consistorio bajo el mandato de Manuel Bustos, que este mes de enero ha ingresado en prisión por una sentencia relativa al mismo caso judicial.

Las evidencias mostraban que la empresa concesionaria habría tenido conocimiento de las condiciones del concurso con anterioridad, ganando ventaja respecto a otros competidores, como las puntuaciones previas, a través de encuentros con el hermano del alcalde, Paco Bustos, quien era concejal en el consistorio. Existen además otros aspectos que están bajo sospecha, como la duración de 15 años y 5 más ampliables del contrato, o la garantizada exigida del 0,2% del importe de adjudicación en lugar del 5% habitual.

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