La Comunidad y la Guardia Civil, en un operativo conjunto, han clausurado en la Cañada Real Galiana las dos mayores escombreras ilegales de residuos de construcción y demolición que existían en la región. Este operativo se enmarca en el convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Comunidad para la protección medioambiental de la región.

Las investigaciones efectuadas por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los agentes ambientales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han permitido constatar cómo en la zona de la Cañada Real se asentaban dos empresas que a pesar de haber sido denunciadas en varias ocasiones continuaban con su actividad ilegal, recibiendo a los transportistas en el interior de una nave.

Cuando se quedaban sin espacio físico, y después de recuperar aquellas fracciones de residuos que tienen más valor (metal, madera…) sacaban los escombros fuera mediante camiones, actividad que realizaban durante la noche, deshaciéndose de los residuos en distintos puntos próximos y adyacentes a la Cañada Real.

La Guardia Civil ha intensificado su presencia en la zona para controlar e impedir que los camiones que lleguen hasta allí con los residuos puedan verter en dichas instalaciones o en zonas próximas. Por su parte, la Comunidad ha iniciado una campaña de inspección para controlar la producción de estos residuos de construcción y demolición en las mismas obras.

Desde 2007 hasta la actualidad, la Comunidad ha efectuado más de 580 inspecciones relacionadas con la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). El 72% de estas actuaciones estaban planificadas en los Programas de Inspección Ambiental de la región, de carácter anual, mientras que el resto de inspecciones estuvieron motivadas por denuncias.

Además de las labores propias de los cuerpos de inspección ambiental de la Comunidad, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se recibe un gran volumen de denuncias en materia de RCD formuladas por las policías locales y por el Seprona de la Guardia Civil. Como consecuencia de ello, en este periodo se han tramitado una media anual de unos 380 expedientes sancionadores.

Se han dictado 13 órdenes de suspensión inmediata de la actividad en otros tantos vertederos e instalaciones ilegales, y se han resuelto 40 expedientes sancionadores con multas cuya cuantía está comprendida entre 25.000 y 600.000 euros. La cantidad total impuesta en concepto de multa en los procedimientos resueltos contra vertederos e instalaciones ilegales de RCD es de 4,7 millones de euros.