Recientemente tuvo lugar en París la Cumbre del Nuevo Pacto Financiero Global. El objetivo era impulsar la reinvención del sistema financiero global para ayudar a los países de bajos ingresos a hacer frente al cambio climático. La cumbre reunió las agendas del clima, la biodiversidad, el desarrollo y la transición justa bajo un mismo techo, reconociendo finalmente las interdependencias entre todos estos temas. Desde nuestra perspectiva, la parte más vital de la cumbre fue la forma en que se puede ampliar la financiación vinculada al clima y la sostenibilidad de las fronteras en los mercados emergentes.

La respuesta a esta pregunta es ahora más urgente que nunca. El objetivo establecido en la COP 15 en 2009 de que la financiación climática a los países en desarrollo alcanzara los 100 mil millones de dólares para 2020 apenas se ha cumplido, con tres años de retraso. Sin embargo, no solo la velocidad para alcanzar estos objetivos es un problema significativo, sino también el nivel de capital, ya que las inversiones solo en infraestructura energética en los mercados emergentes deben alcanzar al menos un billón de dólares para 2030. Esto pone en relieve la tarea desalentadora que nos espera.

No es de extrañar, entonces, que el anuncio oficial de la semana pasada por parte de Senegal y el Grupo Internacional de Socios de movilizar 2.500 millones de euros para la implementación de energías renovables genere cierta esperanza. Esto podría ser el comienzo de un número creciente de asociaciones público-privadas similares, siguiendo los ejemplos de las Asociaciones para una Transición Energética Justa anunciadas por Indonesia, India, Vietnam y Sudáfrica en los últimos años.

Ahora todas las miradas estarán puestas en la próxima ronda de discusiones sobre las reformas al sistema financiero internacional, que tendrán lugar en las reuniones del FMI y el Banco Mundial en septiembre en Washington D.C. Desbloquear los balances de los bancos multilaterales de desarrollo se ha convertido ahora en una prioridad en la agenda política. Esto se debe a que el uso de disposiciones de primera pérdida y la reducción del riesgo de dichas inversiones pueden resultar la forma más efectiva de atraer capital del sector privado para cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo.

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