La intervención de Jesús Nieto, director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, se dedicó a explicar las características del nuevo Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía, que está en vigor desde 2010 a 2019. El responsable detalló las dos líneas principales del documento: por un lado la prevención, para modificar hábitos y producir menos residuos; y por el otro la gestión, para desarrollar nuevas tecnologías "que permitan una mejora de la recogida selectiva de determinados desechos", para aumentar el reciclaje y la reutilización y, por último, para tratar la valorización, tanto mecánicamente -para producir otro material o bien compost para los campos andaluces- como la energética. Nieto lo resumió con la aplicación de los principios: "minimizar, reciclar, reutilizar y eliminar".

De este modo, el Plan detalla las cifras a alcanzar en cuanto a recogida y reciclado de envases y embalajes, las metas para las plantas de reciclaje y compostaje o la forma de gestión de los vertederos a largo plazo. Asimismo, también indica las infraestructuras adecuadas: cuántas plantas es necesario construir, cuántos vertederos o cuántos puntos limpios. Señala, de manera general, que las inversiones principales deben destinarse al desarrollo de infraestructuras de plantas de trasferencia, puntos limpios y sellado de vertederos, y el aprovechamiento del metano que generan.

En cuanto a los aspectos sociales, el director general detalló que la construcción de todas las infraestructuras, financiadas por los ayuntamientos, supondrían una inversión de 2.000 millones y la creación de 8.500 puestos de trabajo.

Antonio García-Zarandieta, director general de Ecoembes, señaló que la Comunidad andaluza necesita un esfuerzo a mayores debido al retraso que lleva causado por sus características orográficas y de dispersión de las poblaciones. Además, también mostró su preocupación por el crecimiento de ciertos sistemas ineficientes, como los contenedores soterrados, "que son muy caros y se ha abusado de ellos", y por la nueva ley de residuos, porque conlleva "la pérdida de representación y poder de decisión de las pymes".

Por su parte, Montserrat Zambrano, directora del departamento de Ingeniería Civil de la UGR, aprovechó el evento para tratar el tema de la formación de universitarios andaluces frente a la gestión de residuos. "Es una materia transversal incluso en profesiones que van a tener un contacto muy directo con esta cuestión, como la ingeniería civil, que tendrá competencias para redactar planes. Es necesario desarrollar en Andalucía un máster oficial. El problema es que se ofrece a precios públicos, y con la propia docencia que hay en las universidades es limitado. La Administración tiene que crear un máster para formar a especialistas y que conozca la problemática o las herramientas disponibles desde un punto de vista legal". La docente explicó que "la universidad está cambiando en financiación. Cada vez los fondos I+D+i son más escasos y es necesario que las empresas se conciencien de que tienen que invertir en investigación con las instituciones académicas para obtener resultados beneficiosos que pueden aplicar en sus negocios".

Pilar Peramos, de la Diputación de Granada, apuntó que esta institución "garantiza la homogeneidad en el servicio y en la tasa", aunque admitió que en situaciones de dificultades económicas, algunos ayuntamientos dejan de aportar esta tasa a la Diputación.

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