El concejal de Aseo Urbano, Pablo Vidal, indicó la semana pasada que desde julio se ha realizado un seguimiento exhaustivo del contrato y que en tres meses desveló se han detectado y documentado nada menos que 52 incumplimientos de inversiones por parte de la UTE "Orihuela Capital de la Vega Baja".

El edil no busca rescindir el contrato sino reajustar los pagos descontando de estos abonos mensuales, con carácter retroactivo, todo aquello que la empresa está facturando y no está realizando. Sus estimaciones indican que se detraerían entre 65.000 y 75.000 euros de una factura mensual de 785.000 euros. Es más, en los últimos dos años y medio el sobrecoste del servicio de recogida de basuras superaría los 1,2 millones de euros.

La UTE inició sus actividades en mayo del 2009 y se comprometió a llevar a cabo inversiones por valor de 4,8 millones de euros, según Vidal. Éstas se dedicarían a incorporar al servicio maquinaria, instalaciones y personal que no está funcionando actualmente. Entre otros ejemplos, el concejal explicó que "faltan barredoras, contenedores soterrados, camiones de carga de volumen superior a los actuales, naves y almacenes para la maquinaria, ecoparques..." y así hasta 50. Vidal cree que se trata de un grave incumplimiento y que se podría incluso rescindir el contrato.

El siguiente paso es que el área de Contratación tramite los expedientes de sanción, los notifique y espere diez días las alegaciones de la UTE. Pasado ese tiempo, el devenir lógico de los acontecimientos es descontar esos 1,2 millones de euros de la deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa de las basuras, que tampoco es poca cosa porque asciende a 6,3 millones de euros.

El concejal afirmó que el anterior equipo de gobierno sólo pagó una factura a la UTE en 24 meses (entre mayo de 2009 y mayo de 2011), mientras que el actual equipo ha abonado las tres mensualidades de este mandato.

Al Ayuntamiento le puede convenir rescindir el contrato por varias cuestiones. Inicialmente porque no se preste el servicio en las condiciones que se pagan, pero también porque hay dos sentencias que dicen que la legítima adjudicataria es "Urbaser", empresa que iba a ganar el concurso cuando en 2007 el equipo de la exalcaldesa Mónica Lorente lo declaró desierto para posteriormente convocarlo de nuevo y adjudicárselo a la UTE que maneja el empresario de "Colsur", Ángel Fenoll.

Esta hipótesis la avalan la investigación policial de la "Operación Brugal" y el actual equipo de gobierno. El Ayuntamiento se encuentra ahora en la encrucijada de enmendar una situación que, al mínimo traspié, podría saldarse con indemnizaciones millonarias para "Urbaser" si no se le da la contrata o para la UTE si es despedida sin motivo, para eso las 52 sanciones.

Las claves del conflicto se basan en tres ejes de inversiones no realizadas. Por un lado, en cuanto a la maquinaria, el pliego de condiciones y la plica con la que la UTE ganó el concurso de adjudicación exigen que haya más máquinas barredoras, camiones de carga de un volumen superior a los que circulan, limpiaplayas o baldeadoras que no existen... Por el otro, en relación a las instalaciones, la empresa no ha puesto en funcionamiento los ecoparques pactados, ni tiene una planta de transferencia que era obligatoria en Orihuela Costa, sólo ha habilitado dos «pipican» de los 25 que prometió, y el incumplimiento llega al punto de que se comprometieron 36 contenedores soterrados de carga selectiva (para reciclaje) y no hay ninguno. Por último, se cree que hay menos empleados de los que la UTE dice. Los propios trabajadores amenazaron con la huelga en 2010: Representantes sindicales sostenían que eran menos empleados por turno de los pactados con el Ayuntamiento y que se organizaban los horarios de limpieza viaria de modo que se les viera en la calle y parecieran más.