El reto de clausurar Duquesa, el mayor vertedero a cielo abierto de LATAM
Más de 30 años de basura, millones toneladas de desechos en descomposición que se acumulan en montañas hasta donde alcanza la vista, emanan un insoportable hedor, además de metano y líquidos tóxicos. Así es hoy Duquesa, el mayor vertedero a cielo abierto de América Latina y el Caribe, ubicado en República Dominicana. Y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el quinto del mundo, después de los que hay en Yakarta, Nairobi, Lagos y el Gran Parche (la isla de plásticos en el Pacífico). “Es la construcción más grande del país”, afirma Catherina Falkner Olmedo, representante del organismo en Santo Domingo. Y sigue creciendo: cada día, varios cientos de camiones vierten de media unas 4.000 toneladas más de basura procedente de diversos puntos de la capital y sus alrededores.
En 2023 ha comenzado la transformación de Duquesa que se completará, si todo sale como está proyectado, en cinco años. Para entonces, el Gobierno planea que el actual vertedero sea un inmenso parque, verde y arbolado, sobre la basura bien asegurada para que no provoque problemas medioambientales, ni por filtración de tóxicos al subsuelo y las aguas, ni por emisión de gases. En la primera mitad del año se han abierto caminos transitables para que los camiones puedan arrojar su contenido en los valles y rellenar los huecos hasta allanar el terreno, en vez de seguir levantando montañas. Entretanto se busca un nuevo emplazamiento para un vertedero con más medidas de seguridad, que incluirá una planta de separación previa y reciclado de materiales. El plan diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el Gobierno dominicano costará alrededor de 110 millones de dólares (100 millones de euros). Tres instituciones otorgarán un crédito al país para acometer las obras: el propio BID, que aportará 44,2 millones de dólares, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, con 45 millones, y la Cooperación Española, 20 millones, una partida ya aprobada por el Consejo de Ministros.
“Se venía pidiendo el cierre de Duquesa desde hace años; hay muchos incendios no controlados”, anota Mercedes García Marín, responsable de proyectos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en República Dominicana. Era muy habitual, comentan algunos vecinos, que el humo llegase hasta Santo Domingo cuando se producían esos fuegos. El barrio colonial está apenas a 13 kilómetros del vertedero y otras comunidades están literalmente pegadas al basural. “Es un país que vive fundamentalmente del turismo, pero menos del 20% del territorio cuenta con alcantarillado y apenas entre el 5 y el 10% del agua pasa por una planta de tratamiento. Todo va al mar y los suelos. Todas las comunidades tienen un vertedero, incluso queman la basura a la puerta de la casa. Lo que no pueden quemar, lo echan en cualquier parte”. Un paseo por Santo Domingo o la cercana localidad de San Cristóbal lo confirma. Esta realidad no le es ajena a Indhira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental. “Cualquier dominicano tira basura en cualquier lugar. Es una cuestión de educación ciudadana”, comenta. Para la viceministra es importantísimo que se avance con el cierre de Duquesa aprovechando la conciencia ciudadana y política que generó el incendio de 2020 y que “todavía no se ha olvidado”. Su ejemplo, opina, servirá para impulsar el cierre y reacondicionamiento de otros vertederos; además de acicate para mejorar los hábitos de separación y reciclaje en los hogares, y de aceptación del pago por la gestión.
El Movimiento Nacional de Recicladores ha tratado de acercarse a los trabajadores de Duquesa para acompañarles en ese proceso de cierre. “Para que las cosas no se les compliquen”, apunta Robinson García, presidente de esta asociación. “El cierre es positivo desde el punto de vista medioambiental, pero hay gente que lleva ahí 20 o 30 años trabajando. Tiene que haber un plan de para una transición justa: ‘Yo te saco del vertedero y esto es lo que vas a hacer ahora’. Es responsabilidad del Gobierno”, añade. “Si no, se resuelve el problema ambiental y se crea otro problema”. La organización se ha ofrecido a las autoridades para ayudar en la formación de los buzos y garantizar esa transición justa. “Que los recicladores sean los socios de la planta de reciclaje, no solo empleados”, es una de sus propuestas. Pero hasta ahora no les han comunicado cuál será su papel, si es que lo tienen.
[Este contenido procede de El País. Lee el original aquí]
