El Ayuntamiento de Barcelona no debe cobrar a los profesionales autónomos un "precio público" por el servicio de recogida de residuos sólidos comerciales, puesto que su actividad no es comparable a la de los comercios e industrias. Así lo manifiesta el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una resolución que hizo pública ayer, en la que da la razón a los centenares de profesionales autónomos que se han quejado en las últimas semanas porque el Ayuntamiento les ha reclamado el pago de facturas de hasta 500 euros en concepto de servicio de recogida de residuos de los últimos tres años, tal como avanzó EL PAÍS.

Muchos de los profesionales que trabajan por cuenta propia en Barcelona lo hacen en casa con un ordenador y una impresora como únicas herramientas. Es el caso de los traductores o de los diseñadores gráficos, entre otros profesionales, que llevan años batallando para que el Ayuntamiento deje de gravarles un servicio que aseguran que no utilizan. En su resolución, el Síndic de Greuges apoya sus argumentaciones. Según Ribó, estos autónomos trabajan "sin ninguna estructura empresarial" y su actividad genera "escasos o nulos" residuos sólidos, con lo que no se les pueden aplicar tasas comparables a las de los comercios o industrias.

El Síndic sugiere al Ayuntamiento que deje de aplicar a estos profesionales un precio público por la recogida de resiudos "que es más alto que una tasa y además contempla un IVA del 8%". Según Ribó, igualar a los autónomos con los comercios o industrias puede "atentar contra los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica". El Síndic insta al Ayuntamiento a aplicar a los trabajadores por cuenta propia un tipo de tasa que tenga en cuenta el volumen de residuos. Para ello, pide que las ordenanzas municipales incluyan una fórmula que permita "graduar con criterios reales y directos, y no meramente indiciarios, como actualmente", el volumen de desechos que generan los autónomos.

El envío de facturas por parte del Ayuntamiento a centenares de autónomos, correspondientes a los últimos tres años, también ha merecido el reproche del Síndic. El Ayuntamiento asegura que gracias a un cruce de datos municipales con los de Hacienda ha podido descubrir a los profesionales que no pagaban la tasa de residuos y ha reclamado el pago del servicio con efectos retroactivos hasta 2007, el límite legalmente permitido. Ribó destaca que esta práctica es legal, pero considera que el Ayuntamiento ha cometido "una negligencia administrativa que puede causar perjuicios económicos evidentes a unos profesionales a los que la crisis económica afecta de una forma importante". Así lo aseguraba a este diario la traductora Ester Blasco. Una factura de 379 euros le llegó "por sorpresa y en plena cuesta de enero". Correspondía a tres años de servicio de recogida de residuos, pero ella asegura que el volumen de desechos que genera su actividad, que realiza con un ordenador, es prácticamente nulo.