Enresa, la empresa pública encargada de los residuos nucleares, ha decidido poner punto final al concurso que abrió en 2014 para construir el denominado Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Esta empresa lanzó ese concurso para la ejecución de la obra civil principal de aquel silo (que estaba ideado para guardar los residuos de alta intensidad de todas las centrales nucleares de España). Pero la adjudicación de la obra, que ascendía a más de 217 millones, nunca se llegó a realizar, debido a las dudas sobre los terrenos elegidos para levantar el almacén y, luego, al cambio de Gobierno central.

El proceso ha permanecido paralizado desde febrero de 2015. Ahora la actual dirección de Enresa ha decidido enterrarlo definitivamente y renunciar a un concurso en el que ni siquiera se llegaron a abrir los sobres con las ofertas, según informan fuentes del sector. Esta decisión se interpreta como un nuevo paso hacia el fin del ATC en Villar de Cañas, un proyecto en el que Enresa se ha gastado unos 90 millones de euros pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió frenar cuando llegó al poder en 2018 ante las polémicas y la fuerte oposición del Gobierno de Castilla-La Mancha. Aunque se decidiera seguir adelante con el silo en ese municipio de Cuenca, se necesitaría un nuevo concurso porque los informes que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido en este último lustro imponen importantes modificaciones, señalan fuentes conocedoras de todo el proceso. 

En todo caso, la decisión final sobre el proyecto y el ATC no depende de Enresa, que a comienzos de esta semana rechazó facilitar información sobre el cierre del concurso. El Ministerio para la Transición Ecológica es el que debe decidir si se construyen uno o varios ATC y su emplazamiento. En una reciente entrevista, la vicepresidenta Teresa Ribera criticó la gestión del proyecto de Villar de Cañas y señaló que no ve “fácil que sea recuperable en ninguna circunstancia”. También señaló que se debe “abrir el debate” sobre los residuos nucleares y decidir si “hay que instalar uno, dos o tres emplazamientos y si hay que hacerlo por regiones”.

Al margen de que el emplazamiento de Villar de Cañas sea rechazado definitivamente, el Gobierno es consciente de que España debe resolver el problema de los residuos nucleares, que ahora principalmente guarda cada central en sus instalaciones. Está previsto que, en breve, Enresa presente al Gobierno su propuesta de plan de residuos nucleares y en ese momento se abrirá el debate sobre la solución que se le da.

El concurso que ahora ha cerrado Enresa estuvo rodeado de polémica desde el principio y el empecinamiento por sacarlo adelante le costó en 2015 el puesto como presidente de esa empresa pública a Francisco Gil-Ortega. Pese a las dudas técnicas que entonces ya había sobre los suelos y a que el Consejo de Seguridad Nuclear no había concluido su informe sobre la idoneidad del emplazamiento, el equipo de Gil-Ortega insistió en seguir adelante con la adjudicación. Finalmente, el Gobierno del PP decidió paralizar el proceso de adjudicación ahora cerrado y Gil-Ortega dimitió.