España ha pagado 795.000 millones de euros por la gestión de residuos nucleares en los últimos 30 años
La propuesta de la Comisión Europea para incluir a la energía nuclear y al gas fósil en su nueva taxonomía verde está levantando ampollas en todos los países. No es para menos. Lo que se pretende es que esas dos tecnologías se consideren sostenibles o verdes y puedan recibir inversión para la transición ecológica. La propuesta es etiquetar de “verde” a las nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045 y al gas fósil “con bajas emisiones” en 2035. No es una decisión definitiva. El texto final deberá aprobarse a mediados de enero por mayoría simple en la Eurocámara y por mayoría cualificada en el Consejo, aprobándose al menos por 20 países de la UE y que representen al 65% de la población. Muchos expertos las apoyan como energías de transición hoy en día, pero no de futuro, siendo un riesgo promover inversiones en tecnologías extremadamente caras, con ciertos riesgos y contaminantes cuando el objetivo es alcanzar la descarbonización cuanto antes y con el menor coste económico posible.
En el caso de España, la nuclear tiene un largo recorrido en el debate político por su cierre programado para 2035, con posicionamientos tanto a favor y en contra de una tecnología que, actualmente, produce alrededor del 23% de nuestra electricidad. Lo que es una evidencia, más allá del elevadísimo coste de construir una nueva central nuclear (del orden de 4.000-5.000 millones de euros), es la hipoteca que supone la gestión de sus residuos radioactivos.
La nuclear tiene una huella de residuos radioactivos nada desdeñable, así como la inversión realizada para su gestión por parte de Enresa, la entidad pública empresarial española que se hace cargo de la gestión, recogida, transporte y almacenamiento de los residuos radiactivos generados en España. Unos residuos extremadamente peligrosos para la salud, en función de su actividad radioactiva y periodos de desintegración. Según su memoria anual de 2020, los residuos de muy baja, baja y media actividad (RBMA)- periodo de semidesintegración corto o medio (inferior a 30 años)- se almacenan en el Centro de Almacenamiento de El Cabril. Ese mismo año se almacenaron un volumen total de 2.374,57 m³ de este tipo de residuos, de los cuales 2.277,35 m³ procedieron de instalaciones nucleares.
La gestión del combustible gastado y los residuos de alta actividad (RAA y RE) -cuyo periodo de desintegración se eleva a miles de años- es temporal al no disponer en España de Almacenes Temporales Centralizados (ATC). En cambio, lo que se realiza es su almacenamiento en los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) de las propias centrales nucleares. Según el inventario nacional realizado por Enresa, con la última actualización de 2018, en España se generó un volumen de 7.500 m³ de residuos RAA y RE. Si se suman todos, se generaron 15.838 toneladas de residuos radioactivos.
Lo que llevamos pagando todos los españoles desde los últimos 30 años es la gestión de los residuos nucleares. La cuantía asciende a 795.000 millones de euros, lo que vendría a suponer 26.500 millones de euros anuales, según los datos de Enresa y las declaraciones de la propia Teresa Ribera. Una gran parte procede de la “tasa Enresa”, por la cual los titulares de las centrales nucleares pagan a esta por la gestión de los residuos nucleares y del combustible gastado. Por ende, esa gestión la pagamos todos los consumidores eléctricos a través de la factura.
Regulada a través de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el Gobierno elevó en 2019 esta tasa en un 19,28%, alcanzando el pago de la prestación los 7,98 euros por cada MWh generado en las centrales nucleares. Esta tasa no había sido revisada desde 2010, por lo que la nueva revisión supuso un incremento de 400 millones de euros en la prestación. Todo ello no se destina solo a la gestión de los residuos, sino también al desmantelamiento de las instalaciones y asignaciones presupuestarias a los municipios donde se ubican las centrales nucleares, entre otros.
Además, según la memoria de 2020 de Enresa, una parte de los residuos se exportan a Francia, pagándoles por su acumulación. Enresa pagó a la francesa Orano, por almacenar y custodiar los residuos en su planta de La Hague, un total de 96 millones de euros correspondientes a una penalización diaria de 76.618 euros al día. Dicho importe ya alcanza en 2021 los 110 millones de euros. Se trata de una multa que funciona como una fianza, ya que serán reembolsadas cuando los residuos vuelvan a España. El problema es que aún tardarán varios años en volver (quizá en 2028). Fue polémico el proyecto del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, iniciado en el 2012 y paralizado en 2018 por la Secretaría de Estado de Energía, con su posterior carpetazo final y descarte en 2020.
El “cementerio nuclear” no salió a delante por diversos motivos, tanto por la inversión necesaria de 972 millones de euros como por el rechazo social de los municipios aledaños. A pesar de no estar planificada ninguna nueva central nuclear en España, no solo hay que tener en cuenta el desorbitado coste de construcción si se compara con las renovables, sino los peligros y la hipoteca que suponen los residuos para las generaciones futuras.
[Este contenido procede de El Confidencial. Lee el original aquí]
