Europa plantea extender el mercado de carbono a la incineración de residuos
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para incluir las plantas de incineración y coincineración de residuos municipales no peligrosos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) a partir de 2031, dentro de la revisión del mercado europeo de carbono. La medida afectará a las instalaciones con una capacidad superior a tres toneladas por hora, lo que supone prácticamente todas las plantas de valorización energética de residuos municipales en funcionamiento en la UE.
El objetivo es incorporar gradualmente las emisiones de CO₂ generadas durante la valorización energética al sistema europeo de fijación del precio del carbono, incentivando la reducción de emisiones y favoreciendo la transición hacia una economía circular con menor dependencia del vertido.
Aplicación progresiva hasta 2034
La propuesta establece un periodo transitorio de cuatro años para facilitar la adaptación del sector. Las instalaciones deberán adquirir derechos de emisión de forma escalonada:
- 2031: cobertura del 25 % de las emisiones.
- 2032: 50 %.
- 2033: 75 %.
- 2034: 100 % de las emisiones sujetas al EU ETS.
No obstante, los Estados miembros podrán retrasar su aplicación hasta 2035 cuando cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:
- Aplicar un impuesto nacional equivalente sobre las emisiones de carbono.
- Alcanzar los objetivos europeos de reciclaje.
- Cumplir los objetivos de reducción del vertido establecidos por la UE.
Asimismo, las plantas que suministran calefacción urbana (district heating) podrán seguir recibiendo derechos gratuitos de emisión durante el periodo transitorio, mientras que las instalaciones ubicadas en regiones ultraperiféricas —como las Islas Canarias o la Guayana Francesa— permanecerán exentas hasta 2035.
Un calendario más flexible que el previsto inicialmente
La incorporación del sector se retrasa tres años respecto al calendario contemplado en la actual Directiva ETS, que preveía estudiar su viabilidad con vistas a una entrada en vigor en 2028.
La Comisión considera que este periodo adicional permitirá adaptar las infraestructuras y coordinar la medida con otras iniciativas legislativas, entre ellas la futura Ley Europea de Economía Circular, actualmente en preparación.
Reacciones contrapuestas
La propuesta ha generado distintas valoraciones entre las organizaciones ambientales y el sector industrial.
Zero Waste Europe: un avance insuficiente
La organización Zero Waste Europe considera positiva la incorporación de la incineración al sistema europeo de carbono al reconocer que la valorización energética también debe contribuir a los objetivos climáticos de la UE.
Sin embargo, la entidad critica que el periodo transitorio hasta 2034, las exenciones nacionales y el mantenimiento de derechos gratuitos para determinadas instalaciones reduzcan significativamente el efecto del precio del carbono como incentivo para disminuir la incineración y reforzar la prevención, la reutilización y el reciclaje.
No obstante, la organización valora favorablemente que los ingresos obtenidos mediante las subastas del EU ETS puedan destinarse a financiar actuaciones que permitan a las administraciones locales impulsar alternativas situadas en niveles superiores de la jerarquía europea de residuos.
ESWET apuesta por una transición tecnológica
Por su parte, ESWET (European Suppliers of Waste-to-Energy Technology), asociación que representa a los proveedores europeos de tecnologías de valorización energética, considera que el calendario gradual ofrece estabilidad regulatoria para preparar la descarbonización del sector.
La entidad reclama aprovechar este periodo para acelerar las inversiones en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), así como en infraestructuras de transporte de CO₂, tecnologías consideradas esenciales para reducir la huella climática de las plantas de valorización energética.
ESWET recuerda además que buena parte de las emisiones fósiles proceden de plásticos no reciclables introducidos previamente en el mercado y sostiene que, conforme al principio de "quien contamina paga", parte del coste debería recaer sobre los productores de estos materiales y no exclusivamente sobre los operadores de las plantas.
Posibles efectos sobre la gestión europea de residuos
La propuesta también reabre el debate sobre el papel de la valorización energética dentro de la economía circular.
Mientras las organizaciones ambientales consideran que un precio del carbono más elevado favorecería la prevención y el reciclaje, el sector industrial defiende que las plantas seguirán siendo necesarias para tratar la fracción de residuos que no puede reciclarse técnica o económicamente, al tiempo que producen electricidad, calor y recuperan materiales metálicos presentes en las escorias.
La Comisión también incorpora nuevas obligaciones de seguimiento de las emisiones de metano procedentes de vertederos, reforzando el objetivo europeo de reducir progresivamente la eliminación de residuos mediante depósito.
Impacto sobre el Reino Unido
La diferencia de calendarios también podría tener consecuencias fuera de la Unión Europea.
El Reino Unido prevé incorporar la incineración al UK ETS en enero de 2028, tres años antes que la propuesta comunitaria. La Environmental Services Association (ESA) advierte de que esta diferencia regulatoria podría incentivar el traslado de residuos desde Reino Unido hacia instalaciones europeas si existen diferencias significativas en los costes derivados del carbono.
La organización solicita que ambos sistemas evolucionen de forma coordinada para evitar distorsiones competitivas y posibles desplazamientos transfronterizos de residuos.
Una revisión más amplia del mercado europeo de carbono
La incorporación de la valorización energética forma parte de una revisión integral del EU ETS, que también contempla:
- una reducción más gradual del techo anual de emisiones;
- la prolongación de los derechos gratuitos para determinados sectores industriales hasta 2038;
- la ampliación del sistema a vuelos con destinos situados hasta 5.000 kilómetros de Europa;
- y nuevas medidas de seguimiento de emisiones en vertederos.
La propuesta inicia ahora su tramitación legislativa en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, donde podrá ser modificada antes de su aprobación definitiva.
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