Los diputados franceses han aprobado en la Asamblea que establecer una duración determinada de un producto por un fabricante, la denominada obsolescencia programada, se puede castigar penalmente, acarreando una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros que se añadiría a otras ya integradas en la Ley de Consumo.

La introducción del castigo penal en una práctica de la cual se abusa en muchos procesos productivos, la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos, bombillas, etcétera, se debe a una enmienda de los Verdes en el proyecto de ley de la transición energética, que considera la obsolescencia realizada premeditadamente un engaño y un fraude. Los Verdes son el grupo político que más ha combatido esta práctica por considerarla muy dañina para el medioambiente y la sostenibilidad.

El próximo 17 de octubre, el Comité Económico y Social de la UE (EESC, por sus siglas en inglés) organiza una mesa redonda sobre la obsolescencia programada de la que se espera surja la presión necesaria sobre la Comisión Europea para que se castigue esta práctica exigiendo su prohibición en toda Europa. El EESC ya hizo una llamada a la prohibición total en un pleno en octubre del año pasado.

El pasado mes de junio, tras una reunión organizada por la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales , que preside el español Carlos Trias Pinto, y que se encuadra en el citado Comité, se promulgó la Declaración de Madrid, en la que se reclamaban fundamentos de sostenibilidad en todo el modelo productivo.

La nueva economía colaborativa es de bienes duraderos, no perecederos El experto español en políticas públicas de Consumo, Alejandro Salcedo Aznal, deja claro en un estudio licitado por el Consejo Social y Económico, que la expansión de la nueva economía colaborativa de consumo compartido, la auténticamente sostenible, necesita para su viabilidad el tránsito de una sociedad industrial de bienes perecederos a otra de bienes duraderos. Quedaría así fuera del circuito la obsolescencia programada y se trataría de enfocar la lucha contra la obsolescencia psicológica, que se marca al consumidor con la implantación de modas.

El aumento de los plazos de garantía, el fomento del alquiler en lugar de la compra, la exigencia de piezas de recambio para periodos muy largos y la reducción de los costes de reparación, además de la estandarización de algunos productos (como es el caso ya reglamentado de los cargadores de móviles) son medidas que ya se están exigiendo en los países más avanzados en sostenibilidad. La asimilación que hace ahora Francia de la obsolescencia programada con el engaño es un gran paso. 

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