La Xunta se compromete a modificar tres artículos de la ley gallega de residuos y suelos contaminados aprobada este año para dar por zanjado el conflicto con el Gobierno central, con el que se abrió un proceso de negociación para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad.

Precisamente, para resolver estas discrepancias, ambas administraciones mantuvieron encuentros en la comisión bilateral de cooperación. Así,  ya se ha ha publicado en el DOG y en el BOE el acuerdo alcanzado, firmado por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda. [Disponible aquí]

De acuerdo con el texto, el Ejecutivo autonómico "promoverá" las correspondientes modificaciones de la ley gallega de residuos y suelos contaminados en los artículos 3.1.c), 3.2.f) y 5.1.f). Con respecto al primero, sustituye el término "residuos domésticos" por "residuos municipales" para establecer su eliminación del 10% en peso en vertedero para el año 2035, tal y como establece una directiva europea.

Asimismo, en relación con el artículo 3.2.f) de la ley autonómica, se añade ahora que los ayuntamientos deberán instaurar, antes del 31 de diciembre de 2023, o bien la recogida separada de los biorresiduos en los servicios municipales que presten (tal y como establecía el texto inicialmente), o bien "la separación y reciclaje en origen".

La Xunta se compromete a llevar a cabo esta modificación una vez se apruebe y se publique la futura ley estatal de residuos y suelos contaminados, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. El Gobierno gallego también cambiará la redacción del artículo 5.1.f) para suprimir un inciso final que incluía como una excepción a la aplicación de la ley aquellos residuos fecales de productos ganaderos, puesto que el Ejecutivo central interpretaba que la redacción de la normativa colisionaba con el marco estatal.

Ambas administraciones también mantenían discrepancias en torno a la redacción del artículo 55 al 60%, pero han acordado que, en caso de contaminación de aguas subterráneas o de indicios de aparición de suelos contaminados, mantendrán "lo más rápido posible las oportunas relaciones de colaboración" para compartir información y recursos "en el ámbito de sus respectivas competencias".

En razón del acuerdo alcanzado entre la Xunta y el Gobierno estatal, las dos partes dan por resueltas las discrepancias y así lo comunican al Tribunal Constitucional, ya que estas negociaciones suponían un paso previo a la posible presentación de un recurso.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]