El nuevo contrato de basuras de Pontevedra queda desierto. El concejal de Facenda en funciones, Raimundo González Carballo, compareció ante la prensa para confirmar que ninguna empresa se había presentado al mayor concurso en la historia del Concello, el de gestión de residuos y limpieza viaria, valorado en casi 233,4 millones de euros.

El edil del BNG atribuyó la ausencia de ofertas a la "resistencia" de las empresas al cumplimiento de la Ley de Residuos de España, aprobada en abril del año pasado. "Na miña humilde apreciación, hai unha resistencia das empresas do sector á nova lexislación en materia de residuos", dijo.

González Carballo defendió su tesis en base a las conversaciones informales mantenidas con los representantes de dos compañías del sector, que habrían manifestado su malestar o su rechazo a alguno de los requisitos incluidos en los pliegos de contratación. El nacionalista mencionó dos: el sistema de retribución variable, que penalizaría a la futura adjudicataria si la calidad del servicio se resentía y no reunía unos estándares mínimos, y la obligación de llegar a las ratios de reciclaje previstos por las directivas estatales. "Tamén houbo peticións para que non se puxeran topes á posible suba dos contratos", añadió.

Los argumentos del responsable municipal contradicen la postura de la patronal y de sindicatos como UGT, que sostienen que el principal problema del concurso es económico. De hecho, la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente (ASELIP) ya advirtió sobre esta cuestión en el recurso que presentó contra el contrato, que veía inviable.

La reclamación presentada por ASELIP, donde están representadas las grandes compañías del sector en España (Prezero, Urbaser, FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Sadisa, Contenur y SAV), no prosperó ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Sin embargo, sí lo hizo el recurso de la cooperativa social de Cáritas, Moda Re, que obligó al Concello a rehacer las bases para excluir la recogida de textiles del concurso de basuras.

El edil de Facenda, que recordó que la persona que gestione este contrato puede ser él u otra persona en el nuevo mandato, aseguró que el Gobierno local no renunciará al sistema de reciclaje de biorresiduos a través del compostaje, un plan que no está en cuestión. Tampoco a la mejora del servicio a nivel municipal, en el que se prevé más personal y una flota nueva y más "verde". Para ello, González Carballo propone una "salida": "explorar outras vías contractuais".

La modalidad por la que se apuesta es por el contrato de servicios y no por la concesión de servicios, de modo que la futura concesionaria de las basuras no asuma el riesgo de explotación. Es decir, que la retribución no sea variable y no dependa del grado de utilización o éxito de, por ejemplo, el reciclaje de los restos de comida. La intención es, por tanto, que se establezca un canon fijo. También se eliminarían las penalizaciones económicas en el servicio si la ciudadanía no cumple con él. En contraposición, lo que haría Pontevedra sería reforzar la inspección municipal para que la recogida y limpieza viaria se hagan con arreglo a lo que marca el contrato.

Otro de los cambios pasaría por la duración de la concesión, que dejaría de ser por 20 años y se establecería en un período inferior, probablemente de diez años. Además de la desaparición de la planta de compostaje, González Carballo recordó que la nueva fórmula en la que se trabaje sería mucho más flexible y tendría menos filtros administrativos, puesto que no tendría que ser revisado por la Oficina Nacional de Evaluación, esto es, por el Ministerio de Hacienda, lo que acortaría los plazos. Lo que no concretó es si el coste del servicio sería superior al previsto: 11.669.786 euros (IVA incluido).

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de Diario de Pontevedra. Lee el original aquí]