El vertido incontrolado de lodos de depuradoras podrá considerarse una infracción muy grave de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y, por tanto, la sanción económica que correspondería estaría entre 45.001 y 1.750.000 euros. Asimismo, aquellos agricultores y ganaderos que no cumplan con sus obligaciones en lo relativo a la aplicación de estos productos como abono en sus fincas podrán llegar a perder las ayudas europeas derivadas de la Política Agraria Común.

Estos aspectos forman parte de lo que se constituirá como el decreto autonómico que regulará, por primera vez y de forma específica, el uso de lodos de depuradoras en los suelos agrarios gallegos y que, tras su aprobación en el Consello de la Xunta del pasado jueves, será publicado en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días.

Esta práctica se ha generalizado en los últimos años entre los agricultores debido a su bajo coste -ya que frecuentemente los titulares de las fincas solo pagan el uso de la máquina que los extiende sobre el terreno- y a su alto valor en nutrientes, especialmente fósforo. Esta solución también constituye una alternativa sencilla para las compañías encargadas de la gestión de estos desperdicios procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales o incluso de industrias cárnicas, lácteas, pasteleras o de transformación de pescado.

Agroamb, situada en el municipio lugués de Castro de Rei, es uno de estos gestores autorizados para el tratamiento de lodos y un referente nacional en el estudio de sus potenciales para el sector agroganadero. Su gerente, Severiano Onega, defiende el empleo de estos productos en línea con lo que se viene haciendo en países como EE.UU., Noruega o Japón y tal y como recomiendan las directrices comunitarias. «Los lodos constituyen una fuente fiable de nutrientes para la tierra, especialmente en este contexto de carestía de fertilizantes químicos convencionales y bajos precios de las producciones agrarias y ganaderas», señala.

Una vez publicado el decreto en los próximos días, la Administración autonómica potencia la adaptación de la realidad gallega a la legislación estatal sobre estos subproductos, que data de 1993. Especialmente en lo relacionado con las características específicas de los suelos gallegos caracterizados por un PH ácido y por unos contenidos en materia orgánica y fósforo, en general altos. Del mismo modo se tienen en cuenta las dificultades que, para su utilización, presenta la elevada pluviometría de Galicia.