La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha propuesto reformar la regulación de la nueva tasa de basuras para evitar el caos en los ayuntamientos en torno a este tributo.

En una jornada organizada conjuntamente con la Fundación esPublico, los inspectores han explicado que esta tasa de residuos domésticos, que deberán pagar ciudadanos y empresas, será de recaudación obligatoria a partir de 2025, de acuerdo con Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

En esa ley publicada en el BOE en 2022, se incluye expresamente por primera vez, la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación.

A juicio de los Inspectores de la Hacienda Local, la actual regulación es "escasa e ineficiente" y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.

La asociación ha recordado que, por vez primera en la historia de la tributación local, los ayuntamientos se enfrentan ante una tasa de imposición obligatoria, que debe sufragar el 100% del coste del servicio y, también una novedad, no deficitaria. Asimismo, debe aplicar el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio, "el que contamina paga". "El legislador medioambiental, en un claro ejercicio de desconocimiento de la realidad tributaria local, aboca a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a una extraordinaria inseguridad jurídica", han denunciado.

Las estimaciones más recientes incrementan cualitativamente la recaudación que deberán ingresar los ayuntamientos por este concepto. Los ingresos totales en las arcas municipales por esta tasa se aproximarán más a los a los 4.000 millones que a los 3.000 millones inicialmente calculados, al tener en cuenta los objetivos de reducción en la generación de residuos y de incremento del reciclaje.

Sin embargo, ante la deficiente regulación estatal, los inspectores han alertado de que puede producirse un caos tributario mayor incluso que el de la plusvalía municipal que tanto perjuicio causó a los ciudadanos, empresas y entidades locales.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]