La ley obliga a disminuir los nitratos y el fósforo de las aguas depuradas cuando el vertido afecta a zonas "sensibles", como las zonas húmedas y espacios naturales protegidos costeros declarados por la propia Generalitat y el Gobierno de la nación. No llevar a cabo esta reducción, que sólo puede producirse en el tratamiento terciario, impide a los ríos lagunas costeras y bahías recuperar los niveles de oxígeno en sus aguas y consolidar la vegetación subacuática.

El pasado 14 de diciembre la Fiscalía envió un oficio a diversos organismos del Consell requiriendo información sobre el funcionamiento de las depuradoras que aplican el tratamiento terciario.