En casi dos décadas, el Ayuntamiento de Torrevieja ha pagado por el contrato de basura más de 109 millones de euros con un “absoluto incumplimiento” de la normativa de contratación pública, según ha concluido la Agencia Valenciana Antifraude. “De un contrato inicial suscrito [en 2004] por un periodo de 10 años más dos posibles de prórroga, acaba con una prestación efectiva final de más de 18 años, más de seis de ellos sin cobertura contractual”, agrega Antifraude. Los pagos se hicieron, según el organismo dirigido por Joan Llinares, “sin soporte contractual alguno, con nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo y vulnerando todos los principios rectores de la contratación pública”.

Tras recibir una alerta y analizar la documentación, la Agencia Antifraude ha remitido su informe de conclusiones a la Fiscalía al “entender que de los hechos investigados existen indicios de conductas presumiblemente constitutivos de delito”.

Por el polémico 'macrocontrato' de la basura, aprobado en 2004, el exalcalde popular Pedro Hernández Mateo acabó en prisión. Tras varios intentos de rescisión del contrato, avalados por el Consell Jurídic Consultiu, el consistorio prorrogó los servicios con la misma empresa en 2016, cuando gobernaba el alcalde de Los Verdes, José Manuel Dolón. Se trataba “de facto de un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio dado que no era posible prorrogar el contrato por incumplimiento de los plazos máximos”, según recuerda Antifraude. Así, el acuerdo municipal se hizo sin “título jurídico alguno, ajeno a la normativa vigente” y con un informe de reparo de la Intervención.

La prórroga se aprobó pese a su “ilegalidad”. La “antijurídica situación” se prolongó entre 2016 y 2022, cuando ya gobernaba el actual alcalde popular Eduardo Dolón. En 2018 se modificó la forma de facturar el canon a precios unitarios y con una fórmula de revisión de precios, “ambas modificaciones sin sustento legal e informe jurídico alguno emitido en la tramitación”. Todo ello a pesar de las condiciones debían ser las mismas que en las prórrogas anteriores. “Por tanto, el ayuntamiento fue en contra de sus propios actos”, afirma el informe. Además, Antifraude critica que “se han pagado importes por la prestación de los servicios muy superiores a los precios del contrato inicial” tras la última prórroga del contrato de basuras.

Por otro lado, “no se acreditan los mecanismos de comprobación de las prestaciones reales de los servicios facturados ni la adecuación del importe de las facturas a costes reales, habiéndose aprobado las facturas por los importes presentados por la mercantil, incluyendo los conceptos generales y beneficio industrial”, afirma el organismo. El ingeniero que conformaba las facturas se limitaba a dictar informes técnicos, “no acompañándolos [de] informe jurídico alguno al respecto.

Durante el “periodo sin contrato”, todos los informes de fiscalización de la Intervención incluían reparos. Antifraude no ha podido comprobar, “pese a haberse solicitado por dos veces”, que las facturas aprobadas por el consistorio entre 2018 y 2020 “correspondan a los costes reales de la partida”.

Antifraude, que ha rechazado todas las alegaciones del Ayuntamiento de Torrevieja, recuerda que “lo importante cuando se conforma una factura es tanto la acreditación de que el servicio se haya realizado, como que además haya sido facturada al precio pactado, cuestión que en este caso no consta”, concluye el organismo.

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