El sector de la biomasa asienta su crecimiento de los últimos 10 años precisamente en zonas rurales. No es un “potencial” remedio, un futurible; es una realidad que incide directamente en la solución del problema. Por ejemplo, la mayoría de las plantas de producción de biocombustibles sólidos, como pellets y astillas, se ubican en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, estando las más grandes en municipios con menos de 1.000 habitantes. Estas instalaciones han requerido cientos de millones de euros en inversiones y han creado miles de empleos de calidad. Su cifra de negocio anual ya supera los 250 millones de euros anuales y sigue en tendencia creciente.

Una apuesta decidida por la valorización de la biomasa para generar energía, tanto eléctrica como térmica, ayudaría de forma muy importante a revivir las zonas rurales, creando actividad económica, empleo estable y calidad de vida para sus habitantes. Los más de 600 MWe instalados se sitúan en zonas con un alto índice de despoblación; han supuesto inversiones superiores a los 2.000 millones de euros y la creación de miles de empleos para la construcción, operación y mantenimiento de las centrales.

A los empleos creados directamente para construir y hacer funcionar las plantas eléctricas y las de biocombustibles sólidos, hay que sumar los generados para el aprovechamiento, tratamiento, manipulación y transporte de la biomasa, tanto agrícola como forestal, a estos centros. Estamos hablando de miles de empleos en las zonas rurales más desfavorecidas de nuestro país que, además, aumentan el valor de unos recursos endógenos otrora considerados residuos sin ninguna utilidad para la sociedad.

Está más que demostrado que solo la generación de actividad económica puede detener la sangría de las zonas despobladas. Aparte de llevar Internet de banda ancha para mejorar la conectividad digital de sus pueblos, muy necesaria, claro está, las autoridades locales deberían estar atrayendo inversión, aliviando las complejas y farragosas tramitaciones de permisos y otros condicionantes para la implantación de industrias. Un trato preferente en materia fiscal para las empresas y habitantes de las zonas rurales en riesgo de despoblación ayudaría a activar la economía y de ahí, el resto: más trabajadores igual a más familias, escuelas abiertas, mejor asistencia médica, más comercio, mejor conexión a Internet…

En definitiva, aumentar la población conlleva ampliación y mejora de los servicios y también mejorar los ingresos para los pueblos y las haciendas públicas. El sector puede contribuir a revertir la situación en muchos de estos lugares si se establece una política de apoyo decidido a la valorización de la biomasa, con legislaciones que alienten su uso para producir una parte significativa de la energía térmica y eléctrica que necesitamos. Y, de paso, evitaríamos la salida de miles de millones en divisas hacia los países productores de gas y petróleo.

El sector de la biomasa es un gran creador de empleo de calidad y generador de economía sostenible, pero no solo en el medio rural. Los biocombustibles sólidos producidos en las zonas rurales se reparten por toda la geografía peninsular, incluidas las grandes ciudades, donde desarrollan su actividad suministradores de pellets, instaladores y mantenedores de equipos y salas de calderas, etc. Así que producción rural y consumo urbano de biomasa son términos de una ecuación con resultado beneficioso para todos. "Esperemos que esta ola de preocupación por la despoblación no se desvanezca tras la celebración de las elecciones y nuestros políticos tomen conciencia de que sin un mundo rural vivo, todos perdemos una parte importante de nuestro país y de nuestras raíces". señalan desde Bioenergy Internacional.