Los ayuntamientos pagan 55 euros al complejo medioambiental de Cerceda por cada tonelada de Residuos Sólidos Urbanos, que incluye la materia orgánica y otros desperdicios que no son reciclables y tienen que ser incinerados, la llamada bolsa negra. Sin embargo, es Sogama la que paga a los municipios por aquellos residuos reciclables como plástico y cartón; esta es una de las razones que la Xunta indica que puede estar detrás del presunto fraude.

Ramón Limia, portavoz de Celta Prix, ha indicado que tres veces al año, la Sociedad Gallega de Medio Ambiente les realiza una auditoría para comprobar la calidad de los desechos que transportan en el contenedor amarillo. Si bien reconoce que el 46% de la basura son "impropios", niega que se trate de un fraude y apunta a la población como causante de esta mezcla indebida.

La Consellería de Medio Ambiente afirmó que el expediente informativo por el presunto fraude se refiere a los cuatro ayuntamientos denunciados, puesto que hay una responsabilidad de los entes locales para asegurarse de que los desechos aptos para el reciclaje lleguen separados correctamente. De todos modos, la administración gallega ha indicado que se investiga también de manera subsidiaria a las empresas.

Medio Ambiente cree que los ayuntamientos al transportar la basura a Sogama envían residuos de la bolsa negra con los plásticos para pagar menos a la entidad. Ramón Limia apunta que el dinero que los entes locales deben ingresar por la entrega de plásticos y cartones en algunos municipios se lo ceden a las empresas que realizan la recogida y transporte de residuos. Es el caso de Celta Prix que en Silleda cobra una media de 3.000 euros por los plásticos y envases que envía a Sogama y aproximadamente unos 1.000 euros en Agolada.

El portavoz de Celta Prix añade que no estaba informado por la Xunta de que existía la investigación abierta, aunque sí sabían que la Policía lo estaba haciendo. Al parecer, tras destaparse el caso, el Ayuntamiento de Silleda anunció que también abriría pesquisas al respecto. Por último, Limia señala que Sogama ya los penalizaba por la cantidad de impropios que contenía el contenedor amarillo, esto es, le pagaba menos por esa basura.