Díaz Trillo ha afirmado que esta sentencia, que confirma la que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2007, supone un "revés" en este proceso jurídico que ya dura 13 años, aunque no contempla rendirse.

"La Junta evitó una auténtica catástrofe medioambiental, pero eso costó muchísimo dinero, por lo que creemos lo justo es que las arcas andaluzas --junto con las del Ministerio, que también colaboró-- se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón", ha resaltado el consejero. Así, el gabinete jurídico definirá pronto las acciones para reclamar a la empresa gestora de la mina de Aznalcóllar los 89,9 millones de euros en los que cifra los gastos.

Díaz Trillo ha resaltado que la sentencia del TS, que no admite recurso, "indica que puede haber un conflicto de jurisdicción, por lo que se actuará en esta dirección", al igual que "se sigue trabajando en algunas vías civiles que aún están abiertas". También ha lamentado la falta de leyes claras en aquel momento para la protección del medio ambiente; así, en la actualidad, ha dicho, no podría producirse un accidente como el de Aznalcóllar, gracias a los controles de seguridad y a herramientas como la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007, exigen a cualquier actividad minera requisitos de protección al medio ambiente.

El 25 de abril de 1998 fue la fecha en que se produjo la rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa, que provocó el vertido de 6.000.000 de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.