La Audiencia Nacional decide esta semana sobre el futuro inmediato de los suelos contaminados con radioactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), y si procede o no obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que fije plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación que para estos terrenos se aprobó en 2010.

La Sección Séptima de la sala de lo Contencioso-administrativo deberá, asimismo, pronunciarse sobre el traslado entre 2011 y 2016 de casi seis toneladas de material radioactivo a la zona que Ecologistas en Acción sostiene se hizo de forma "irregular", mientras que la Abogacía del Estado mantiene que se llevó a cabo "de acuerdo" con la normativa y defiende que no se han usado las 40 hectáreas de terreno en la zona que están bajo vigilancia por contaminación "como almacenamiento de residuos radiactivo". La providencia que señala el 21 de enero como fecha para la votación y fallo designa como ponente al magistrado Luis Helmuth Moya Meyer. Ecologistas en Acción impulsó este proceso para instar a la Audiencia Nacional a que obligase al CSN a fijar plazo para la limpieza de Palomares de acuerdo con los criterios radiológicos aprobados por el regulador atómico el 5 de mayo de 2010. Posteriormente, y tras hacerse públicos los traslados, solicitó que en la limpieza se incluyesen los materiales radiactivos "almacenados en contenedores de mercancías y en el centro del núcleo urbano".

Sobre el primer punto, precisa que la limpieza debe realizarse de acuerdo a lo aprobado en mayo de 2010 ya que considera que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente". Añade, que después, firmó el acuerdo con EEUU para el traslado y almacenamiento de los residuos generados y que el país norteamericano habría condicionado la rúbrica a estos cambios "por motivos políticos, sin base científica".

La Abogacía del Estado ha reconocido que el volumen de tierra contaminada con radiactividad a limpiar ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos. Argumenta que en el transcurso del tiempo "se ha dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente para determinar los valores de concentración de actividad (niveles derivados) y que esto "incide en el volumen de tierra a retirar, sin que se haya producido modificación alguna en el nivel de intervención de 1mSv/año, valor mínimo" de radiación a percibir por la población.

No obstante, en su escrito de conclusiones, donde defiende que no ha habido "inacción" de la administración en este caso, reconoce "que entre noviembre y diciembre de 2012 se realizó una prueba piloto de descontaminación con la finalidad de aportar información complementaria a los ensayos y estudios de laboratorio sobre diferentes aspectos relativos a la rehabilitación de los terrenos".

La Abogacía del Estado también admite que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" pero dice que el acuerdo firmado en 2015 no deja de ser una mera "declaración de intenciones".