La OCU analiza a continuación el reparto de las diferentes responsabilidades que se generan en el proceso.

Los fabricantes cargan en el precio de sus aparatos el coste estimado de reciclarlos: unos 20 euros por un frigorífico, 5 por un microondas... La normativa indica que esa suma debe usarse para trasladar esos aparatos a plantas autorizadas donde se descontaminen y se reciclen correctamente. Aunque podrían ocuparse ellos mismos suelen delegar en un SIG, al que sólo pagan por los aparatos efectivamente reciclados, aunque sean una pequeña parte de los comercializados. El resto del dinero se lo quedan ellos.

Estos profesionales deben aceptar los aparatos usados que el consumidor le dé al comprar otros similares, ya sea en el domicilio (al entregar un aparato nuevo) o en la tienda, y cuando lo hacen, deben encargarse de llevarlos a donde se vayan a reciclar. En la práctica diaria muchos no asumen esta responsabilidad y, de una forma o otra, se niegan a quedarse con el aparato inservible, cobran por ese servicio o no los depositan en los lugares correctos.

Estas instalaciones dependen normalmente de una administración (local, autonómica, cabildo, diputación, etc.) y se encargan de la recogida de residuos domésticos. Tienen la función de guardarlos y entregarlos en buen estado a quien los transporta a la planta de reciclaje. En la práctica, no siempre están en buenas condiciones, están en lugares inaccesibles, mal señalizados, no informan bien de los horarios, o no los cumplen… Se denota una indiferencia generalizada tanto hacia cómo se depositan los residuos, como hacia su custodia.

Los entes locales no atienden al problema y algunos ni son conocedores de las instalaciones de las que disponen ni de su funcionamiento. En otras ocasiones no se informa a los consumidores o se ponen impedimentos. Por su parte, las autoridades autonómicas, nacionales e internacionales no ejercen control efectivo sobre la calidad de la gestión en su ámbito territorial ni dan información decente o actualizada sobre la situación en su entorno.

En este entramado varios agentes salen perjudicados:

Ni siempre se utiliza el dinero que paga en la compra para su función, el reciclaje, ni se le dan siempre las facilidades necesarias para la recogida de los aparatos que ya no son útiles.

Son empresarios cuyo negocio se sustenta en todo o en parte con el dinero que recibe de los SIG por descontaminar y reciclar sus residuos, además de dedicarse a vender los materiales recuperados… Sin embargo, no les llegan todos los residuos que estarían destinados a acabar en sus instalaciones.

Los residuos sin tratamiento adecuado son una fuente de riesgos. Sustancias como los gases de los frigoríficos, los aceites minerales con bifenilos policlorados de aparatos como las lavadoras, los metales pesados y restos electrónicos de las televisiones u ordenadores… son peligrosos para todos.

Con este sistema viciado, los que salen ganando son los chatarreros, que se apropian de los residuos que no deberían acabar en sus manos. De ello extraen las partes que les interesan pero no aprovechan todas las que podrían reciclarse y no consideran tampoco la posible emisión de sustancias peligrosas que genera la manipulación de ese aparato si no se hace una descontaminación previa. También se benefician los fabricantes, que embolsan dinero que deberían dedicar a reciclar.