La estación depuradora de El Pisón, paralizada por orden de la Audiencia Nacional desde el 28 de abril, ha dejado de actuar de filtro para las aguas residuales de la cuenca Este de Gijón. 

La primera consecuencia de aquella decisión judicial es que, desde la citada fecha, las aguas residuales generadas por una población equivalente a unas 150.000 personas, se vierten al mar, sin ningún tipo de tratamiento, si se exceptúan un desbastado y un tamizado previos que equivalen a la retirada de los sólidos de mayor tamaño y también de los plásticos, latas y papeles. El resto va a parar de forma directa y sin tratamiento previo alguno a las aguas del Cantábrico.

La decisión judicial hacía expresa mención a la paralización «de forma inmediata de todas las actividades que se estén desarrollando en las instalaciones de depuración de la EDAR Este de Gijón». Visto este mandato, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico paralizó el pasado 28 de abril toda actividad en la planta, incluidas las pruebas de pretratamiento de las aguas residuales, que se habían iniciado días antes y que se habían completado con éxito. 

Las obras de la depuradora de El Pisón, pieza clave del tratamiento de las aguas residuales de la zona Este de la ciudad, modificaron todo el sistema de pretratamiento. La propia Confederación Hidrográfica había reconocido que el vertido resultante del sistema anterior era ocho veces más tóxico de lo permitido por la Unión Europea en tiempo seco.

El Pisón está configurada para hacer asumir incluso el tratamiento químico de los residuos orgánicos canalizados por el sistema de alcantarillado. La sustitución de la anterior instalación de pretratamiento por la EDAR tenía como objetivo acabar, de forma definitiva, con el problema de la contaminación y el vertido de la zona, pero la reciente sentencia judicial frustró los planes. Incluso los vecinos insisten, con la sentencia firme en la mano, en su argumento de que habría que derribar una planta que costó más de 36 millones de euros.