La Comisión Europea ha puesto fecha límite a España para cambiar la legislación nacional de gestión de residuos. El órgano europeo ha dado dos meses para adaptar la ley a los requisitos de las directivas europeas o, de lo contrario, podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En concreto, la directiva sobre vertederos establece normas para prevenir efectos adversos sobre la salud humana, el agua, el suelo y el aire y exige a los Estados miembro tomar medidas para garantizar que sólo se depositen en vertederos los residuos que hayan sido objeto de tratamiento.

El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción de Contaminación Cero establecen una ambición de contaminación cero para la UE, que beneficia la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática.

En su sentencia de 15 de octubre de 2014, el TJUE dictaminó que antes de su vertido, los residuos deben tratarse de la forma más adecuada para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

Sin embargo, los últimos datos muestran que el 12,7% del total de residuos municipales recogidos en España no recibió el tratamiento necesario antes de su eliminación en vertederos. Además, España no ha establecido una red integrada y adecuada de instalaciones de gestión de residuos municipales mixtos que cubra todos los vertederos de todo su territorio.

Por todo ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España, que ahora dispone de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado, lo que implica elevar el caso ante la Justicia europea.

[Este contenido procede de El Economista. Lee el original aquí]