La Comisión Europea ha anunciado con satisfacción la firma, el 3 de diciembre, del Convenio del Consejo de Europa sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, un instrumento jurídico de gran relevancia para reforzar la seguridad ambiental y la aplicación de la legislación en Europa. Este acuerdo complementa la Directiva europea de 2024 sobre protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, estableciendo un marco coordinado y uniforme para combatir los delitos ambientales graves.

La Convención define de manera precisa los delitos que afectan al medio ambiente, incluyendo contaminación de agua, aire y suelo, gestión ilegal de residuos, destrucción de hábitats y biodiversidad, entre otros. Establece normas mínimas de sanción tanto para personas físicas como jurídicas, garantizando que las penas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. De esta manera, se busca unificar criterios entre los Estados europeos, reduciendo lagunas legales y fortaleciendo la responsabilidad penal ambiental.

A diferencia de la Directiva, que fija estándares mínimos obligatorios para los Estados miembros, la Convención proporciona un marco internacional más amplio, fomentando la cooperación transfronteriza, la investigación conjunta y el intercambio de información sobre delitos ambientales. Además, promueve la recopilación sistemática de datos estadísticos sobre infracciones, esenciales para evaluar riesgos, diseñar políticas preventivas y mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales.

El fortalecimiento de la legislación penal ambiental europeo permite que los países vecinos actúen con criterios jurídicos coherentes, facilitando investigaciones más rápidas y efectivas y garantizando rendición de cuentas en casos transfronterizos. La firma del Convenio subraya el compromiso de la UE con la protección del medio ambiente frente a riesgos crecientes derivados de presiones geopolíticas y ambientales, incluyendo contaminación industrial, deforestación y explotación ilegal de recursos.

La Convención entrará en vigor tras alcanzar diez ratificaciones, de las cuales al menos ocho deben provenir de Estados miembros del Consejo de Europa. Además, está abierta a la firma de Estados no miembros que participaron en su redacción, así como de la UE, con la posibilidad de que otros países se adhieran una vez en vigor, ampliando el alcance global de la protección ambiental basada en Derecho penal.

Con la implementación de este marco legal, la UE refuerza la resiliencia de sus ecosistemas, asegura la responsabilidad de los actores económicos y privados y promueve una gestión sostenible de los recursos naturales, alineando la acción jurídica con los objetivos europeos de sostenibilidad, biodiversidad y desarrollo responsable.