Según informan las Naciones Unidas y la Interpol, los delitos contra el medio ambiente financian el crimen organizado y frenan el desarrollo de los países pobres.

Las Naciones Unidas y la Interpol cifran los delitos contra el medio ambiente en 159.000 millones de euros anuales, indicando que estos delitos contribuyen a la financiación del crimen organizado y de los grupos terroristas a nivel internacional así como que amenazan la seguridad y el desarrollo sostenible de muchas naciones del planeta. A ésta y a otras conclusiones llega el informe "La crisis de delitos contra el medio ambiente", del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La relación de los principales delitos ambientales incluye la tala de bosques, la caza, el comercio de animales, la pesca, la minería y el vertido de residuos tóxicos realizados de forma ilegal. Los daños que provocan en el medio ambiente son inmediatos pero además generan pérdidas a las economías en desarrollo. Pérdidas, que según los los responsables del PNUMA suponen miles de millones de euros y "solo sirven para llenar los bolsillos de delincuentes".

La tala ilegal y los delitos forestales mueven entre 22.000 y 75.000 millones de euros al año, lo que supone entre el 10% y el 30% del comercio de madera a nivel mundial, siendo peor incluso el problema en distintos países tropicales donde se estima que entre el 50% y el 90% de la madera proviene de fuentes ilegales o ha sido talada ilegalmente. Entre el 62% y el 86% de los 33,5 millones de toneladas de madera tropical que importan Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) no se atañe a la ley. Las redes de empresas ficticias o las plantaciones que canalizan dicho recurso natural ilegalmente están detrás del que se logre evitar muchos controles aduaneros.

Respecto al carbón, el informe arroja también datos alarmantes. El 90% de la madera consumida en África se utiliza para leña y carbón vegetal y se pierden en los países africanos ingresos de al menos 1.400 millones de euros anuales por el comercio de madera no regulado. El aumento de la población hará triplicar como mínimo la demanda de carbón en los próximos treinta años, lo que generará graves impactos ambientales como deforestación o contaminación además de incrementar considerablemente el poder adquisitivo de las bandas de contrabando y organizaciones terroristas.

Entre 5 y 17 millones de euros anuales está estimado el importe que mueve el comercio ilegal de fauna y flora silvestres para productos farmacéuticos, alimentos, mascotas y medicinas u ornamentos tradicionales. Entre 20.000 y 25.000 elefantes se matan cada año para comercial con marfil, pudiéndose alcanzar en los mercados asiáticos un valor de entre 123 a 140 millones de euros. También el comercio ilegal de grandes simios es generalizado, habiéndose perdido entre 2005 a 2011 unos 22.000 de estos primates.

Algunas bandas que cometen delitos ambientales obtienen unos beneficios millonarios estimándose entre 83 y 216 millones de euros anuales lo que ganarían en conjunto diversos grupos que comercian ilegalmente con carbón en países africanos con conflictos en curso. Uno solo de estos grupos, ubicado en el este del continente africano, podría estar ganando entre 28 y 42 millones de euros al año.

Las organizaciones que se dedican a la extracción del marfil de los elefantes en África central estarían ganando entre tres y nueve millones de euros cada año y también se están haciendo con importantes ganancias varios grupos de milicias en la República Democrática del Congo (RDC) y la República Centroafricana.

También el informe detalla aspectos positivos, como el aumento de la concienciación y la respuesta ante la "creciente amenaza global" de estos delincuentes ambientales, y cita algunos casos de éxito. La deforestación en la Amazonia brasileña alcanzó su nivel más bajo en 2012 desde que se comenzaron a vigilar los bosques en 1988. Entre los principales motivos de este descenso está el empleo de imágenes por satélite, las operaciones policiales o la participación de los pueblos indígenas. En 2013, con la Operación Plomo de Interpol, se incautó en Costa Rica y Venezuela el equivalente a 19.500 camiones repletos de madera y productos hechos con este material por valor de aproximadamente 30 millones de euros. En 2012, fue condenado a ocho años de prisión en Indonesia un traficante de madera que había desviado 95 millones de dólares a sus cuentas, demostrando así que la investigación del blanqueo de dinero es efectiva contra los delitos ambientales. El pasado mes de junio, la Operación Wildcat logró la incautación de 240 kilos de marfil de elefante y fueron detenidas 660 personas en cinco países del África oriental.

En el informe, los expertos del PNUMA y la Interpol reclaman que se realice un mayor esfuerzo en proporción a la escala de estos delitos ambientales, ofreciendo las siguientes recomendaciones: