El Colegio Oficial de Geólogos se ha mostrado hoy a favor de la decisión del Gobierno de frenar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y ha defendido una visión "a largo plazo" y que se plantee en España un "laboratorio subterráneo". El presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, ha criticado que no tuviera en cuenta la “variable geológica” al elegir el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) para el ATC y ha pedido una Ley de Residuos Radiactivos y que abra un debate para alcanzar un gran acuerdo sobre la gestión de los residuos.

"En España hemos tenido experiencias como para aprender la lección de que la seguridad y los costes van asociados a una buena planificación y consideración previa de los riesgos geológicos”, ha explicado el presidente del Colegio en una nota de prensa. A su juicio, es “fundamental” conocer de antemano una evaluación de riesgos y descartar áreas con “riesgos geotécnicos como son la expansión de arcillas, disolución de sales o la posible licuefacción”. Según Regueiro, para garantizar esas condiciones seguras no es suficiente el actual marco regulador y es necesaria una Ley de Residuos Radiactivos.

El Colegio de Geólogos, señala la misma nota, coincide con la necesidad apuntada por el Ministerio para la Transición Ecológica de “actualizar” el Plan General de Residuos Radiactivos, que no se ha revisado desde 2006. Según el Colegio, se deberían mantener activos los programas de investigación para albergar una solución final a la gestión de los residuos radiactivos, y ha señalado que ésta pasa “inexorablemente” por el almacenamiento geológico profundo. Solo con un ATC no hacemos nada. La estrategia debe tener una visión a largo plazo y plantear en España un laboratorio subterráneo para poder investigar en los procesos que tienen lugar a gran profundidad”, ha señalado el presidente del Colegio.

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicar la decisión de “paralizar” y ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer las razones de esta decisión. El portavoz de Energía del grupo popular, Guillermo Mariscal, ha recordado hoy que fue el anterior Gobierno socialista (presidido por José Luis Rodríguez Zapatero) el que convocó un concurso para la ubicación de un ATC, y ha denunciado que Teresa Ribera “ocultara” la decisión de paralizar esta instalación durante su comparecencia en el Congreso la pasada semana. Además, ha lamentado que la paralización de la construcción del ATC supone que España tiene que abonar a Francia 74.600 euros diarios (27,2 millones de euros anuales) por almacenar los residuos nucleares en aquel país.

El portavoz popular ha mostrado su preocupación por no saber cómo va a mejorar la seguridad nuclear y la protección radiológica sin un Almacén Temporal Centralizado y ha señalado que “no es lo mismo tener centralizados los residuos en un Almacén que tenerlos diseminados por todo el país en almacenes individualizados en cada cada central nuclear. El PP no apuesta por ningún tecnología en concreto”, ha señalado el diputado popular, y ha subrayado que “no existen tecnologías de izquierdas o de derechas, sino eficientes, poco eficientes, maduras o inmaduras”.