Los inspectores avisan de posible litigiosidad por la subida obligatoria de la tasa de basuras
La nueva tasa municipal por los servicios de gestión de residuos a la que obliga el Gobierno central y que todos los Ayuntamientos y entidades locales deberán incorporar como muy tarde a partir de abril de 2025, encarecerá previsiblemente unos 47 euros el coste medio por ciudadano. Y se avecina convulsa. El presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), Arturo Delgado, ya avisó la semana pasada en la antesala del XXIII Congreso sobre 'La inspección de los tributos locales' que se celebró en Málaga que esta nueva tasa vendrá a sustituir en materia de alta litigiosidad al impuesto municipal de la plusvalía. "Será la nueva estrella por su conflictividad", dijo.
La Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos y corporaciones locales a disponer de una tasa "específica" y "no deficitaria" para cubrir el coste íntegro de los servicios en gestión de residuos. Por tanto, cada municipio tendrá que calcular dicho coste por su cuenta y comunicar a las autoridades competentes los cálculos en los que se basa la tasa. Arturo Delgado advirtió la imposibilidad de que todos los ayuntamientos acierten con el cálculo y alertó, tras el antecedente de la plusvalía, de una alta litigiosidad.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional determinó en una sentencia del 26 octubre de 2021 la inconstitucionalidad del impuesto municipal de la plusvalía al considerar que el cálculo de la base imponible se hacía con unos criterios fijos que no siempre coincidían con la plusvalía realmente obtenida y, por tanto, podía lesionar el principio de no confiscatoriedad.
En la actualidad, según el estudio de 'Las tasas de residuos en España en 2022' elaborado por la Fundació ENT, cada habitante paga de media 61,15 euros por esta tasa, es decir, un total de 2.080 millones de euros anuales. Sin embargo, este volumen no cubre el actual coste de recogida, que la Fundación Para la Economía Circular sitúa en casi 2.900 millones anuales y eleva hasta los 3.700 millones de cara a 2035 para cumplir con la nueva ley (que transpone una normativa europea) y que obliga a mejorar el sistema de recogida, tratamiento, reciclado y reutilización de basura. De este modo, si la norma obliga a los ayuntamientos a cubrir este coste en su totalidad con la tasa, la obligación apunta a suponer un incremento de 47 euros por habitante, desde los 61,15 euros actuales hasta unos 108 euros.
Hasta el momento ya hay diversos municipios que se han adelantado a la fecha de la norma y han anunciado subidas en la tasa de basuras. Ronda (Málaga) aprobó en septiembre un incremento de la tasa de 30 euros a 55,5 euros de cara a 2024; Zaragoza la incrementó también para el próximo año un 29%; Vitoria-Gasteiz ya ha propuesto una subida del 10% (que suponen de media 5,9 euros más al año) y con la que solo se cubrirá el 62% del servicio, por lo que apunta a que habrá nuevas subidas; o Valdepeñas (Ciudad Real) que la recupera a partir de enero con un coste fijo por inmueble de 15 euros y otra variable de 15,5 euros por habitante (lo que supone que una familia de cuatro personas pagará 77 euros al año).
La nueva tasa de basuras emana de la misma ley que aprobó el impuesto al plástico, nuevo tributo con el que Hacienda prevé recaudar unos 500 millones de euros al año. Con la subida de la tasa de basuras, la Administración prevé que se recauden unos 850 millones de euros más al año, para incrementar la recaudación total al entorno de los 3.000 millones de euros.
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