La Audiencia de Barcelona también ha condenado a Martinell a abonar una multa de 9.000 euros y lo ha inhabilitado durante cuatro años y medio para dirigir actividades industriales. La empresa nunca tuvo la correspondiente autorización para arrojar aguas residuales y ha sido objeto de seis expedientes administrativos por los vertidos contaminantes. A pesar de que algunos de ellos acabaron en sanción, el propietario de la compañía hizo caso omiso. La sentencia considera probado que mantuvo esa actividad contaminante durante una década, entre 1998 y 2008.

Las aguas residuales desembocaban en el río a través de un canal de desagüe. Esos vertidos han causado "una degradación de los valores de patrimonio natural" del Tordera, ya que han quedado depositados allí, "de forma artificial", fangos y otros materiales en una cantidad excesiva. Como resultado, la zona está dañada y su recuperación se presenta complicada.

El empresario mantuvo la actividad a pesar de las diversas advertencias de las administraciones, con el agravante de que la zona está declarada Espacio Natural Protegido e integrada en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de Cataluña. El primer expediente se abrió en 1998 y suponía una multa de unos 9.000 euros. La última inspección de la Agencia Catalana del Agua (ACA) acabó con una orden de clausura que pudo ejecutarse con ayuda de los Mossos d'Esquadra en mayo de 2008.

Los delitos que se le atribuyen a Martinell se basan en un delito contra recursos naturales y el medio ambiente en su tipo agravado: actuó de forma clandestina, sin licencia, desobedeciendo órdenes expresas y en un espacio natural protegido.