Madrid: Opacidad y quejas en torno a los residuos tras dos años sin ningún contrato de gestión
Madrid quema todos sus desechos en el conocido Parque Tecnológico de Valdemingómez. Aquí terminan los desechos de los más de tres millones de madrileños. Más de tres toneladas al día. El 4 de junio de 2020, justo un año después de llegada del popular José Luis Martínez-Almeida al bastón de mando del palacio de Cibeles, expiró el contrato de la única incineradora con la que cuenta este centro de residuos capitalino.
Desde esa fecha, la planta que se encarga de quemar los desechos, conocida como Las Lomas, sigue funcionando a pleno rendimiento, pero sin ningún tipo de contrato. Ningún papel firmado. 19 meses después, la empresa concesionaria de estos residuos, pese a no contar ya con ningún tipo de vínculo con el Ayuntamiento y al no admitir el anterior contrato ninguna posibilidad de prórroga, sigue siendo la misma: Urbaser, una compañía medioambiental de origen español que fue vendida a China en 2021 y que figura siempre en todo tipo de negocios medioambientales con el palacio de Cibeles. PSOE, Más Madrid, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de la capital denuncian la “opacidad”, la “irregularidad” y “el escándalo” del PP en todo este proceso.
El Ayuntamiento de Madrid responde que precisamente la semana pasada se ha adjudicado el nuevo contrato a Cespa, que pertenece a Ferrovial, hasta 2025. Así pues, Urbaser dejará de ser el administrador de la incineradora en diez días, siempre y cuando no haya recursos jurídicos, que alargarían más el proceso. La cifra del contrato no ha sido facilitada por el área de Medio Ambiente. “El motivo de este retraso ha sido la complejidad de los pliegos desde el punto de vista técnico”, asegura por teléfono el edil de Medio Ambiente, Borja Carabante.
“Esto es un escándalo mayúsculo”, dice también por teléfono el presidente de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos. “No es que no haya contratos, es que sigue funcionando las 24 horas del día y parece que aquí no pasa nada. Han sacado el concurso y todavía no han fallado nada. ¿Una empresa va a estar un año y ocho meses sin cobrar?”. Todo esto se suma a la queja unánime de los vecinos. No es solo la quema de los residuos, sino los olores.
Los vecinos habían negociado hace siete años un plan de cierre con la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Durante 2015 y 2016 el Gobierno de Ahora Madrid encargó dos estudios para medir los olores en Valdemingómez —los que emite la planta y los que llegan a los diferentes distritos—, que puso el problema sobre la mesa. Según la FRAVM, un vecino de Vallecas, donde se encuentra la incineradora, respira tres veces más las partículas contaminantes que uno del distrito de Salamanca.
En 2017 se adjudicó un contrato para saber cómo reducir estos los malos olores. Al año siguiente se publicó otro básico para realizar un proyecto. Durante este tiempo se diseñaron más de cien acciones concretas: modificaciones en planta, construcciones de nuevas infraestructuras e incorporaciones de nuevos protocolos. Se redujo en un 80% la emisión de ácido sulfhídrico, uno de los olores más presentes, y se canalizó todo el biogás de la planta, entre otras acciones. El 7 de enero de 2020, sin embargo, Almeida canceló el proyecto para reducir todos estos malos olores, el mismo año en el que vertedero recibió 200.000 toneladas extras de basura procedentes de otros 31 municipios de la región. Más quema. Más olores. Más quejas vecinales.
El plan vigente cuenta ahora con un presupuesto de seis millones de euros, y no de 12, como constaba en el anterior. Tanto PSOE como Más Madrid denuncian que el PP no tiene ningún plan de residuos para la ciudad. El objetivo, firmado por el mandato anterior, era cerrar la polémica incineradora en 2025 y reducir hasta la mitad los olores en la polémica planta incineradora para este año. Carabante (PP) es tajante: “Es imposible cerrar la planta. Si no se incinerara, el vertedero municipal colapsaría. No se puede prescindir”.
“Desde el punto administrativo lo que está pasando con la incineradora es una irregularidad”, afirma por teléfono Nines Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción en la región. “Y desde el punto de vista medioambiental los informes también son demoledores. El porcentaje de los residuos es altísimo. En esta situación, lo que pensamos es que este retraso puede ser también intencionado para justificar la adjudicación a la misma empresa por la deuda que se tiene. Hay un descontrol absoluto”. El próximo 30 de enero los vecinos de Vallecas saldrán a manifestarse por tercera vez. Realizarán un recorrido de nueve kilómetros para pedir su cierre, de nuevo.
Todo esto se suma a la opacidad del Ayuntamiento en la publicación de las memorias del centro de residuos. Ahora mismo en la web municipal la última vigente es la de 2019, que asegura que cada madrileño genera 1,13 kilos de basura al día. Ni rastro de la de 2020 ni la de 2021.
[Este contenido procede de El País. Lee el original aquí]
