Malestar en el sector de residuos eléctricos por la lentitud de Agricultura
Mar de fondo en el sector de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (Raee) por la lentitud de Agricultura a la hora de implementar una Plataforma Electrónica clave para coordinar las actividades de todos los agentes implicados en su recogida y tratamiento. Alumbrada por el Real Decreto 110/2015, publicado en febrero, no estará totalmente operativa hasta finales de 2016.
La normativa europea indica que los Estados deben recoger cuatro kilogramos de Raee por habitante y año, algo que en España no se ha conseguido por el mal sistema de trazabilidad de los mismos: alrededor del 80% desaparece de los circuitos supervisados por la Administración y un 30% se pierde en canales directamente ilegales. Hay unos 700 centros de tratamiento repartidos por el país y se estima que sólo el 30% de los residuos que reciben son adecuados para sus instalaciones.
Para paliar la situación -si afloraran todos los Raee que escapan al control público se cumplirían los objetivos europeos- el citado decreto prevé una Plataforma Electrónica que coordine las actividades de todos los agentes implicados: Administraciones, fabricantes, distribuidores -ahora obligados a recogerlos-, gestores de residuos, sistemas integrados de gestión y puntos limpios.
El Gran Hermano de los Raee
Ahora bien, una cosa es prever ese Gran Hermano de los Raee y otra bien distinta ponerlo en funcionamiento. Fuentes de Agricultura reconocen que no estará plenamente operativo hasta el segundo semestre del año que viene, lo que ha levantado ampollas en el sector, puesto que no sabe qué hacer con sus actuales sistemas informáticos, que deberán adaptarse a las exigencias de la programación que finalmente sustente la Plataforma.
Agricultura está intentando coordinar el proceso con todos los actores, algo complejo y lento. Ha esperado a que estén listos varios registros, como el nuevo Registro de Producción y Gestión de Residuos, y ya tiene la estructura básica de la Plataforma, pero aún no ha empezado con el trabajo informático propiamente dicho. Una vez disponga de él, tiene que elaborar una Orden Ministerial a la que tendrá que adaptarse el conjunto del sector.
Varias fuentes critican ácidamente este modus operandi, porque creen que una vez que esté listo el software será muy difícil modificarlo si no se ajusta a lo que realmente se necesita y porque su propia actividad está pendiente de lo que finalmente vea la luz. Otras fuentes, por el contrario, reconocen el esfuerzo de Agricultura por hacer las cosas bien desde el principio y critican su falta de medios para actuar. Ahora bien, todos coinciden en que el proceso está siendo extraordinariamente lento, lo que tiene 'cabreado' al sector.
Los agentes implicados, mientras tanto, están actuando cada uno por su cuenta al objeto de cumplir con el nuevo decreto, informando de sus actividades a las autonomías -todos tienen sus propias herramientas informáticas, que deberán adaptar- y la trazabilidad de los Raee ha mejorado en los últimos tiempos. No obstante, la situación permite que se mantenga un fraude al consumidor denunciado por muchos, incluido el Consejo de Estado.
Vía: El economista
Jeffrey Melton (cc)