Polémica entre la administración asturiana y estatal a causa de las depuradoras
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Éste es el mensaje de respuesta por parte de Vega a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que recordó este lunes al Principado que "la decisión unilateral de aparcar los compromisos adquiridos y seguir con los planteamientos y descalificaciones emanadas por el portavoz de la Viceconsejería de Infraestructuras resulta temerario e irresponsable, y puede conducir a la definitiva frustración de inversiones" en materia de saneamiento en Asturias, "con las nefastas consecuencias para el medio ambiente y los desarrollos urbanos e industriales de Oviedo y una parte significativa de la cuenca del Nora".
La entidad recalcaba que el Ministerio competente, mediante la Confederación, ha ejecutado, está ejecutando o ha licitado inversiones que rondan los 130 millones de euros a las que se comprometió cuando el MARM, la Confederación Hidrográfica -entonces del Norte- y el Gobierno del Principado de Asturias firmaron el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 (PNCA).
Por su parte, el Principado ha recordado que el Estado tiene pendientes veinte obras de saneamiento en Asturias por un importe superior a 140 millones de euros, entre las que se encuentran las depuradoras de San Claudio y Villapérez.
El viceconsejero ha afirmado que el presidente de la CHC, Jorge Maquínez, "miente" al decir que el Ministerio ha ejecutado inversiones por valor de 130 millones a las que no está obligado, ya que responden a acuerdos del Consejo de Ministros y antiguas declaraciones de interés general del Estado de los años 91 y 92, "cuando no anteriores". Vega ha concluido que "Asturias, junto con Galicia, Castilla y León, Cantabria, Baleares y el Ayuntamiento de Madrid, son las únicas administraciones autonómicas obligadas por decisiones políticas a soportar las consecuencias económicas del Plan Nacional de Calidad de las Aguas".
Vía Europa Press
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