En el caso del Mediterráneo, hogar de más del 10 % de las especies marinas conocidas pese a representar menos del 1 % de la superficie oceánica mundial, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras (pez león, pez globo plateado, etc.) agravan esta situación.

Según la Comisión Europea, de no implementarse medidas correctivas, se comprometería no solo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, sino también el sustento de miles de familias pesqueras. Particularmente en regiones como Galicia, donde la pesca artesanal tiene profundas raíces históricas.

Para afrontar estos desafíos, el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea ha adoptado diversas medidas, como la reducción de días de pesca, el registro digital de capturas, la implementación de sistemas de localización de buques y la obligatoriedad de desembarcar las capturas no deseadas.

En el caso del Mediterráneo, se propuso inicialmente reducir los días de pesca de 130 a solo 27 al año. Sin embargo, tras intensas negociaciones y la oposición de países como España, se logró un acuerdo que permite mantener un mayor número de días de pesca, condicionado a la adopción de prácticas más sostenibles. Entre estas se incluye el uso, en la faena, de mallas cuadradas de 45 milímetros, mientras que en los barcos de profundidad el tamaño será de 50 milímetros para conservar las especies en riesgo y de menor tamaño.

Estas medidas tienen como objetivo mitigar la sobrepesca de especies críticas. En contraste, también se aprobaron incrementos en los límites de captura para ciertas especies, como el gallo (23 %) y el rape (17 %) en aguas atlánticas ibéricas, el lenguado (1 %) en el golfo de Vizcaya y la cigala (134 %) en el sur del golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico.

Las tensiones, especialmente entre pescadores españoles, se dan por la disminución en los días de faena y el desembolso económico que supone llevar a cabo los cambios exigidos.

En Galicia, donde la pesca de bajura y artesanal constituye más del 80 % de la flota (según el Libro Blanco de las Pesca, la comunidad autónoma concentra el 42 % del arqueo total de la flota española), las normativas europeas plantean retos inaceptables para muchos.

La reducción de cuotas pesqueras y los mayores controles sobre las capturas incrementarán los costos operativos, dificultando la competitividad frente a las grandes flotas industriales. Se estima que las adaptaciones necesarias, como la instalación de sistemas de localización y dispositivos para reducir el impacto ambiental, pueden costar hasta 90 000 euros por embarcación, una carga significativa para los pequeños pescadores.

Las protestas en puertos como Vigo y A Coruña reflejan la frustración de estas comunidades, que consideran desproporcionadas las exigencias.

A nivel global, la sobreexplotación de los recursos marinos también afecta a países en desarrollo.

En África, los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y países como Mauritania (2022) y Senegal (2020) permiten a las flotas europeas capturar grandes cantidades de pescado, a menudo en detrimento de las comunidades locales. Estas prácticas han sido criticadas por su opacidad y falta de controles efectivos, exacerbando las desigualdades y comprometiendo la seguridad alimentaria en el denominado sur global.

La flota pesquera china, con más de 16 000 buques subvencionados, compite en regiones como África occidental y el mar de China meridional, afectando ecosistemas marinos y generando tensiones diplomáticas.

Estas flotas también están vinculadas a actividades ilegales, como pesca en áreas protegidas y el uso de pabellones de conveniencia para evadir regulaciones.

Casos como la desaparición del bacalao en Terranova a finales del siglo XX subrayan los riesgos de ignorar los límites de los ecosistemas marinos.

En 2009, la Comisión Europea propuso el Libro Verde sobre la Pesca, promoviendo una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para equilibrar la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica.

Sin embargo, en España, estas políticas han sido criticadas por beneficiar a grandes empresas pesqueras, mientras los pequeños pescadores enfrentan barreras económicas y administrativas. Existe el temor de que estas normativas favorezcan la concentración del mercado en grandes flotas industriales, dejando a los pescadores artesanales en desventaja.

Las restricciones en el Atlántico buscan preservar la biodiversidad marina mediante medidas como la reducción del 22 % en la cuota de verdel en Cantabria para 2025 y la protección de delfines en el golfo de Vizcaya, incluyendo prohibiciones temporales y el uso obligatorio de dispositivos acústicos de disuasión, conocidos como pingers.

Estas políticas presentan desafíos económicos para las comunidades pesqueras, especialmente en Galicia, donde se intenta equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de los pescadores locales.

El éxito de estas medidas depende del apoyo financiero y técnico a los pescadores para facilitar una transición justa hacia prácticas sostenibles. La UE y los gobiernos deben considerar que la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica son objetivos interdependientes, ambos esenciales para el futuro de la pesca y los ecosistemas marinos.