Transición energética justa: la cohesión territorial como factor de éxito
La transición energética europea avanza con rapidez. En 2025, la generación eólica y solar alcanzó el 30% de la electricidad producida en la Unión Europea, superando por primera vez a los combustibles fósiles. Sin embargo, los beneficios ambientales y económicos de este proceso no se distribuyen de manera homogénea entre territorios, sectores productivos y grupos sociales.
Aunque Europa continúa reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles e impulsando tecnologías limpias, numerosas regiones siguen enfrentando desafíos estructurales derivados de la descarbonización. Las zonas dependientes del carbón, los polos industriales intensivos en carbono y determinadas áreas rurales soportan una presión económica y social significativamente mayor durante este proceso de transformación.
Más allá de la tecnología: una transición con dimensión social y territorial
La transición energética ya no constituye únicamente un desafío tecnológico o climático. Su éxito depende cada vez más de la capacidad para gestionar impactos sociales, económicos e institucionales que pueden generar nuevas desigualdades si no se aplican mecanismos de apoyo adecuados.
Entre los principales riesgos identificados destacan:
- Incremento de las desigualdades regionales.
- Persistencia o agravamiento de la pobreza energética.
- Pérdida de competitividad en sectores en proceso de reconversión.
- Creciente desconfianza social hacia las políticas climáticas.
En este contexto, la denominada "transición justa" se consolida como un elemento esencial de las políticas energéticas y climáticas europeas, al vincular los objetivos de descarbonización con el desarrollo territorial equilibrado y la inclusión social.
Gobernanza participativa para fortalecer la aceptación social
Los expertos coinciden en que la transición energética no puede diseñarse exclusivamente mediante enfoques descendentes. La participación activa de administraciones locales, empresas, trabajadores, universidades, centros de investigación y organizaciones sociales resulta fundamental para construir estrategias adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio.
Una gobernanza inclusiva permite:
- Incrementar la legitimidad de las políticas públicas.
- Fortalecer la confianza ciudadana.
- Mejorar la eficacia de la implementación de proyectos.
- Favorecer la apropiación local de los procesos de transformación.
Este aspecto adquiere especial relevancia en regiones afectadas por procesos de reconversión industrial, donde las políticas ambientales pueden percibirse como una amenaza para el empleo y la actividad económica.
El conocimiento como motor de la transición
Las universidades y centros de investigación desempeñan un papel estratégico en la construcción de modelos de transición más resilientes y equitativos. Además de impulsar la innovación tecnológica, contribuyen a generar conocimiento aplicado, fortalecer capacidades institucionales y apoyar la formulación de políticas basadas en evidencia científica.
La integración de disciplinas como economía, energía, sostenibilidad, gobernanza y justicia social resulta clave para diseñar soluciones que maximicen simultáneamente los beneficios ambientales, económicos y sociales de la transición energética.
Prioridades para una transición transformadora
La experiencia europea pone de manifiesto que la transición energética puede convertirse en una estrategia integral de desarrollo sostenible si se orienta adecuadamente. Para ello, diversas prioridades emergen como fundamentales:
- Dirigir las inversiones hacia las necesidades específicas de cada territorio.
- Complementar la innovación tecnológica con formación, empleo y servicios públicos.
- Reforzar la coordinación institucional entre escalas europea, nacional y regional.
- Garantizar procesos transparentes y participativos en la toma de decisiones.
Más que un proceso de sustitución tecnológica, la transición energética representa una oportunidad para redefinir los modelos de desarrollo territorial, fortalecer la resiliencia regional y avanzar hacia una economía climáticamente neutra que genere beneficios compartidos para toda la sociedad.
