La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para la revisión de su legislación sobre contaminación del agua, con el objetivo de reforzar el control de contaminantes y mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. La actualización incorpora nuevos contaminantes emergentes, incluyendo productos farmacéuticos y compuestos perfluorados (PFAS), y establece sistemas de monitoreo más precisos y armonizados, alineados con los últimos avances científicos en detección y evaluación ambiental.

El acuerdo pretende proporcionar a los Estados miembros herramientas técnicas avanzadas para la gestión de aguas superficiales y subterráneas, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas frente a episodios de contaminación. La inclusión de un mayor número de sustancias bajo vigilancia refleja un enfoque basado en evidencia, en línea con los objetivos de la UE de promover la economía circular y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

No obstante, el proceso de revisión ha generado críticas. Organizaciones ambientales y expertos en sostenibilidad advierten que algunas salvaguardias históricas se han debilitado, lo que podría comprometer la calidad del agua y la biodiversidad asociada a los ecosistemas acuáticos. La ampliación de los plazos para la implementación de medidas más estrictas también podría retrasar la adopción de acciones preventivas efectivas, aumentando el riesgo de exposición a contaminantes químicos persistentes.

El acuerdo resalta la necesidad de equilibrar la modernización regulatoria con la protección ambiental integral, integrando criterios técnicos, ecológicos y de sostenibilidad. La legislación, una vez aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, servirá como marco para mejorar la gestión de la contaminación hídrica y apoyar la transición hacia una economía verde, donde la preservación de recursos y la reducción de impactos ambientales son prioritarias.

El debate actual subraya la importancia de una gobernanza ambiental basada en ciencia, donde la recopilación de datos, la evaluación de riesgos y la planificación estratégica contribuyan a garantizar aguas limpias, protección de la biodiversidad y sostenibilidad de largo plazo.