Hasta 1957 Portmán fue una herradura perfecta, un puerto natural usado desde los romanos. Hasta que ese año comenzaron los vertidos mineros de la empresa francesa Peñarroya, millones de toneladas de fango con metales pesados que durante 34 años colmataron la rada y crearon el gran punto negro en el Mediterráneo.

Los 35 millones de toneladas que saturaron la rada y arrasaron el fondo marino han sido un quebradero de cabeza para los Gobiernos en los últimos 23 años. Pero ahora, la demanda china de materias primas cambia el panorama: esos residuos albergan hierro, y el hierro tiene interés comercial.

Arturo Gutiérrez, ingeniero responsable de los trabajos de Aria, explica su proyecto: “Podemos dragar la ensenada sin coste para el contribuyente y mandar el hierro a las acerías de China”. Aria calcula que de los 20 millones de toneladas de residuos accesibles (no se puede sacar todo lo vertido, pues llegó 12 kilómetros mar adentro, entre cuatro y cinco son de hierro. El precio de la magnetita se ha duplicado desde 2009, y ronda los 120 dólares (87 euros) la tonelada. Aria ha anunciado una inversión de 250 millones en ocho años para extraer todo el material, con lo que recuperaría la línea de costa de 1957. Pretende mandar el hierro a China, usar la arena para regenerar la playa y esconder el resto (que incluye metales pesados tóxicos) en las antiguas minas. Estima que crearía 300 empleos directos.

El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, está encandilado con el proyecto: “Es una paradoja que la minería repare lo que la minería destruyó”.. Explica que en Portmán se extraía el 70% del plomo de la Península y el 20% de la plata, pero el hierro no alcanzaba el 70% de ley que exigían entonces las acerías europeas. “Pero sí supera el 52% que exige la industria China y el 54% de India”, añade con un leve brillo en los ojos.

Antes que Aria fue la empresa española Editec la que se interesó por el yacimiento, pero es la firma alemana la que ha tomado la delantera, según las fuentes consultadas. El pasado 20 de febrero, la Comunidad de Murcia aprobó la propuesta de resolución para declarar “yacimiento de origen no natural” la bahía de Portmán, paso previo para su explotación. El Ministerio de Medio Ambiente ultima el pliego de condiciones del concurso público para que las empresas que quieran puedan optar a extraer el mineral, algo de lo que el departamento no conoce precedentes.

El impulso para dar un uso comercial a los residuos de Portmán es el mismo que ha llevado a reabrir las minas de Riotinto (Huelva) o Aznalcóllar (Sevilla): el apetito chino e indio por las materias primas, que hace rentables explotaciones hasta ahora ruinosas.

Pero al pueblo no llega el rumor del mercado internacional de minerales. Lo que predomina es un escepticismo regado durante los lustros de promesas incumplidas. “Es un paripé para llegar a las próximas elecciones. No me creo ese proyecto, no me creo que el hierro vaya a pagar la regeneración. Además, los vertidos no eran homogéneos a lo largo de la bahía”, opina Luis Martínez, expresidente del comité de empresa de Peñarroya, donde trabajó como mecánico durante 25 años. El alcalde comprende las dudas: “Claro que la gente no se lo cree, porque nos han contado todo tipo de películas durante más de veinte años. Y lo han hecho los de todos los partidos. Pero esta vez sí lo veo porque hay negocio, y depende de la iniciativa privada”.

El problema es que el plan de extraer los minerales arrincona el proyecto que el Gobierno aprobó en 2011 para regenerar parte de la bahía. Consistía en extraer tres millones de toneladas de estériles (siete veces menos de lo que plantean Aria y Acciona) y recuperar parte de la línea de costa, pero sin retroceder hasta la situación de 1957. “Es inviable hacerlo ahora con dinero público”, admite Pablo Saavedra, director general de Costas, que cifra el coste en 80 millones. “No me parece mal que alguien se enriquezca con esto, pero la extracción de mineral tiene que estar supeditada al proyecto público de regeneración”, añade.

Esa es la principal traba, que el plan inicial contemplaba sacar un volumen de vertidos menor, y ampliarlo hasta donde quiere Aria requeriría probablemente más permisos. “Todo indica que habría que realizar otra declaración de impacto ambiental”, según el responsable de Costas del ministerio. Una nueva declaración implica fácilmente dos años de trámites, salvo que la empresa acepte comenzar con el proyecto del ministerio mientras tramita la ampliación.

El plan tiene detractores. Dos profesoras de Químicas de la Universidad de Murcia, María José Martínez y Carmen Pérez, que han estudiado el sitio para el ministerio, se oponen en sus alegaciones al “movimiento enorme y peligroso de residuos”. Los grupos ecologistas y vecinales muestran recelos similares. Su reivindicación histórica es recuperar la línea de costa de 1957, pero dudan de las intenciones de la empresa y del ministerio. Creen que la explotación minera no solo enterraría la regeneración prometida, sino que “condicionaría el futuro de la bahía otra vez a una concesión minera”.

El director de Costas insiste en que las condiciones impedirán eso, y que los avales que exigirán harán imposible que alguien abandone el proyecto a medias si, por ejemplo, cae el precio de las materias primas.