Valencia quiere aclarar la ubicación de dos plantas de residuos antes de 2017
La condición indispensable es que al menos se construyan dos plantas de transferencia y una auxiliar destinada a podas y compost. Esta fue la exigencia del delegado de la Conselleria de Medio Ambiente, que de la mano del presidente del Consorcio, Manuel Pineda, dieron el próximo trimestre de plazo a las administraciones locales para que corran a la hora de tramitar la nueva normativa municipal. Cabe destacar que la aprobación requiere de un mes de exposición pública por lo que los ayuntamientos solo disponen de 90 días para formalizarla.
La década que ha transcurrido desde la adjudicación inicial y la posterior trama de corrupción ha propiciado que la Vega Baja vaya a la cola y tenga que repartir por toda la provincia y Murcia sus residuos, lo que genera un coste más elevado. Además algunos ayuntamientos se habían quejado de que el traslado no se realizaba de forma equitativa ya que hay pueblos que envían sus camiones de recogida a más distancia que otros. En la reunión de ayer se dio el plazo de dos semanas para aprobar la hoja de ruta con la que se sientan las bases para que la empresa pública Vaersa gestione por el momento los residuos de la comarca.
Piquer valoró de forma positiva la reunión que se realizó en dos convocatorias en la sede comarcal de la Diputación Provincial en Rojales, lo que significó "la escenificación de una puesta en común de información y una colaboración leal entre los municipios y el gobierno de la Generalitat", dijo. El director general también puso de manifiesto su convicción en que la unificación de criterios, de costes de eliminación y la puesta en común de la voluntad de resolver un problema histórico "nos ayudará a todos los actores a ser proactivos y acelerar la toma de decisiones que resuelvan el problema".
Por su parte, el miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio, Emilio Fernández, entiende que la gestión por parte de la empresa pública es acertada "ya que el anterior proceso con la adjudicataria se encuentra en una situación de litigios y todavía se puede recurrir la decisión del TSJ con un recurso de casación al Supremo" y dijo que "la tasa se deberá estudiar por parte de los ayuntamientos que tenemos contratada la recogida de residuos".