Este fin de semana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) descubrió un depósito ilegal de desechos tóxicos de alta peligrosidad. Este centro de acopio se localizaba en el municipio de San Francisco de los Romo, en el estado de Aguascalientes, México. Dentro de éste, se encontraron en total 260 metros cúbicos de desechos de residuos biológicos infecciosos, que equivalen a 16 toneladas de residuos guardados en bolsas con el símbolo de "tóxico". Al parecer llevaban en el sitio más de mes y medio almacenados, por lo que fueron encontrados en estado de descomposición.

El mencionado hallazgo surgió a raíz de la ampliación de inspecciones que se llevaron a cabo por la Subprocuraduría de Inspección Judicial. Y es que hace un mes, la PROFEPA ya había clausurado el predio conocido como Rancho El Gigante, en el que se almacenaban desechos hospitalarios sin las medidas de seguridad necesarias. Aunque el propietario del predio estaba autorizado para transportar este tipo de materiales peligrosos, no podía almacenarlos.

Se encontraron residuos como material punzocortante y quirúrgico, tubos de ensaye con sangre, cajas Petri con medios de cultivo con presencia de fauna nociva, jeringas y bolsas tipo sondas con diferentes fluidos, cepas, entre otros residuos biológico infecciosos como guantes que datan desde el año 2010 hasta el 2013, informó la Procuraduría.

También se encontraron contenedores plásticos de diferentes tamaños con líquidos de diversas tonalidades - algunos de ellos con manchas de sangre - así como congeladores con capacidad para 400 kilogramos sin operar, que contenían los residuos en cuestión.

De acuerdo a la legislación ambiental mexicana, este tipo de residuos deben ser recolectados y transportados el mismo día para su incineración en empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo se deben seguir determinados protocolos para el almacenamiento, seguridad, contención y control de residuos peligrosos.

Una vez encontrados los residuos, la PROFEPA clausuró el sitió y ordenó que los residuos fueran incinerados en una empresa autorizada. Sólo la mitad de ellos fueron retirados en ese momento, quedando pendientes de incineración 8 toneladas. Se continuará la vigilancia hasta que se cumpla la orden.

Finalmente, se anunció que se seguirán los procedimientos administrativos correspondientes, además de que se presentará una denuncia penal en contra del dueño de la hacienda y se le revocará la autorización para transportar y recolectar este tipo de residuos.