El Proyecto de ley de Residuos ha transitado ya una parte de su camino legislativo al superar el trámite del Congreso. Posteriormente irá al Senado para su ratificación, a principios de 2022. España ya va tarde en algunas de las medidas, como el veto a las pajitas y los cubiertos de plásticos, que debía haber comenzado a aplicarse en julio de este año. Pero el asunto más preocupante es el de las bajas tasas de reciclaje, que sigue desde hace años la Comisión desde muy cerca. Bruselas ha elaborado varios informes y muchas de sus recomendaciones (ignoradas hasta ahora) son las que se recogen en esta nueva ley, que sustituye a una norma de 2011.

En un informe de 2018, la Comisión Europea recomendó a España que pusiera en marcha un “sistema fiscal armonizado” que grave el vertido y la incineración de los residuos y que sea operativo en todas las comunidades autónomas. Aproximadamente el 50% de los desechos municipales del país acaban en estos momentos en el vertedero sin posibilidad de entrar en el sistema de reciclaje o reutilización. Solo una decena de comunidades cuentan con cánones que penalizan esas prácticas y los residuos viajan de una autonomía a otra esquivando las tasas. La nueva ley de residuos crea un nuevo impuesto estatal que grava el depósito de los desechos en vertederos (en el caso de los residuos municipales de 40 euros por tonelada). El Gobierno estima que con este tributo se pueden recaudar al año 654,2 millones de euros. El otro impuesto que surgirá de esta ley será el que gravará los envases de plástico de un solo uso con 0,45 euros por kilogramo y que según el Gobierno permitirá recaudar al año 723,9 millones. Este tributo también es una obligación fijada en la directiva europea contra la contaminación por plástico. [El PP ha impulsado una moratoria en su aplicación hasta 2023]. 

Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión del Parlamento que ha tramitado esta ley, recuerda que la norma debe servir para “aplicar las directivas europeas”. Además, en materia de fiscalidad verde España está a la cola de Europa y, lejos de revertirse esta situación, se está empeorando. En 2020, tan solo el 4,74% de lo recaudado con impuestos provino de tasas verdes. Se trata del nivel más bajo de los últimos 25 años, según los datos de Eurostat. Desde 1995 ese porcentaje se ha ido reduciendo a pesar de que distintos organismos internacionales han pedido a España que le dé más peso a la fiscalidad ambiental en su sistema. Estos dos impuestos han sido los que han dado más problemas en la tramitación de la norma. 

Otro aspecto polémico es la implantación de sistemas alternativos para determinados tipos de desechos muy frecuentes. Siempre que se aborda el asunto de la gestión de los residuos en España surge un enconado debate ante la posible implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Mientras que Ecoembes, la entidad que representa los intereses de los productores y los supermercados, defiende que el modelo actual de recogida de envases de plástico (que se deposita en los contenedores amarillos) funciona, la mayoría de grupos ecologistas y varias formaciones políticas denuncian los fallos de ese modelo. Por eso piden la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases; es decir, que los clientes depositen los envases en el comercio y se les devuelva una pequeña fianza cuando lo hagan.

La nueva ley abre la puerta a que se implante este sistema para las botellas de plástico. Pero lo condiciona al incumplimiento de unos objetivos de reciclaje. En 2023, se tendrá que haber llegado a una tasa del 70% de botellas recicladas y en 2027 la meta será del 85%. Si no se cumplen estos dos objetivos, la norma establece que “se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases”. Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción y defensor del sistema de depósito, aplaude que se incluya este modelo por primera vez en la legislación nacional. Pero critica que se limite solo a las botellas de plástico y no se incluyan otros como el metal o el vidrio.

Al margen de la recogida separada y los impuestos, la nueva ley contiene estas otras medidas destinadas a reducir los desechos que se generan y su impacto medioambiental:

A partir de la entrada en vigor de la ley no se podrán comercializar utensilios como los bastoncillos de algodón que contengan plástico, los cubiertos, los platos, las pajitas o los recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones.

Antes de que acabe 2023 los supermercados de más de 400 metros deberán dedicar al menos el 20% de su superficie a la venta de productos sin embalaje. Además, todos “los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables”.

La norma establece que “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”.

La norma prohíbe que se destruyan los “excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos”. Y añade: “dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”.

Las administraciones deberán fomentar el consumo de agua no embotellada en sus instalaciones a través de la instalación de fuentes públicas. Del mismo modo, en “los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento”.

La nueva norma también ofrece respaldo legal a los Ayuntamientos que quieran vetar el tabaco en las playas: “Los Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de fumar y de liberar de forma intencionada globos en las playas, que se podrán sancionar en las ordenanzas municipales con arreglo al régimen de infracciones y sanciones de la presente ley”.

La nueva ley actualiza el régimen sancionador. Las infracciones muy graves estarán castigadas con multas de entre 100.001 y 3.500.000 euros (en la anterior ley la sanción oscilaba entre los 45.001 y los 1.750.000 euros). Lo mismo ocurre con las faltas graves, que podrán ser sancionadas con hasta 100.000 (antes 45.000). Y con las leves, que podrán llegar hasta los 2.000 (antes 900). Además, por primera vez se incluye como una infracción el abandono y el vertido de basura dispersa (conocido por el término inglés littering) en la naturaleza, que se considerará una falta grave. Lo mismo ocurrirá con las quemas de residuos agrarios y silvícolas si no se cuenta con una autorización.

[Este contenido procede de El País. Lee el original aquí]