Absolución para un alcalde catalán acusado por un vertido de aguas residuales
El tribunal ha estimado que, aunque se ha producido un vertido contaminante, no ha se acredita la existencia de un "peligro grave" del mismo para el medio ambiente, además de tener en cuenta la preocupación del alcalde por solucionar la problemática ante las imposibilidades administrativas que enfrentó.
La sentencia, consultada por Europa Press, indica que en el año 2000 el consistorio aprobó un informe favorable de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en el que se proponía que una única depuradora implicase también dicha urbanización, por lo que se aprobó hasta un proyecto de obras. No obstante, las previsiones se alteraron cuando la ACA asumió en 2002, por una decisión de la administración autonómica, el programa de saneamiento de las aguas residuales de la urbanización involucrada y, "por razones ajenas a la voluntad o diligencia del Ayuntamiento estas actuaciones ni siquiera se iniciaron, siendo incluidas merced a los continuos requerimientos y gestiones del Ayuntamiento", detalla la sentencia.
Con esta modificación de los planes, la Generalitat asumía la construcción de la depuradora, por lo que, según afirmó el secretario del consistorio, "el Ayuntamiento no pudo ejercer sus competencias, no admitiendo una depuradora, sino una para cada urbanización, y que la ACA no autorizó ninguna solución provisional".
La urbanización disponía de un pozo de depuración de aguas residuales que, en 2006, resultó insuficiente, lo que llenó de barro el espacio y lo degradó, provocando quejas de los vecinos por el mal olor.
La imposibilidad de desviar las aguas de la urbanización a la depuradora municipal y la falta de otra pendiente de construcción llevaron al Ayuntamiento de Tordera a construir un nuevo pozo y, a través de una cañería, derivaron las aguas directamente al torrente de Roques Llises que va a parar a la riera de la Vall-lloparda.
El director general de la ACA, Manuel Hernández, puso de manifiesto que el alcalde mostraba gran preocupación por la solución de la problemática. El fiscal pedía por estos hechos, que calificaba de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, 5 años de prisión y la inhabilitación especial para desempeñar el cargo de primer edil durante cuatro años.
Vía Europa Press
Foto de Mataparda (cc)
Tordera, Barcelona