El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado recientemente a la Junta de Andalucía, en nombre de la Ejecutiva de dicha institución, que la recaudación del impuesto al vertedero, la nueva tasa implantada y que estiman en unos cien millones de euros en la comunidad, revierta a los ayuntamientos para hacer inversiones en instalaciones de gestión de residuos.

En una rueda de prensa con motivo de la reunión de la Comisión Permanente y la Ejecutiva de la Federación en Córdoba, Bellido ha explicado que el cálculo aproximado es de en torno a cien millones de euros "lo que en toda Andalucía se puede estar pagando por esa tasa", por lo que han demandado que esos cien millones de euros vuelvan a los ayuntamientos porque "nosotros somos los que ponemos la tasa y recaudamos y luego se transmite a la Junta de Andalucía".

Además, han pedido que "esa tasa vuelva a los ayuntamientos gestores de centros de residuos, no a todos los ayuntamientos, porque no tendría sentido", así como a las diputaciones "que prestan el servicio y hagan las inversiones necesarias en sus instalaciones para dejar de depositar los residuos en el vertedero y a su vez dejar de cobrar esa tasa, que no deja de ser penalizadora por enterrar la basura".

En este sentido, por unanimidad se hace un llamamiento a que la recaudación de la tasa llegue a los ayuntamientos, porque "es un impuesto que deriva primero de una directiva europea, que se aprueba y se transmite al ordenamiento jurídico español a través de una ley que aprueba el Congreso, y que, como consecuencia de esa ley, las comunidades autónomas son las encargadas de obtener la recaudación y somos los ayuntamientos los que tenemos que colocar la tasa".

Según ha expuesto Bellido, "si nosotros somos quienes, por obligación legal, tenemos que poner esa tasa, que muchos ayuntamientos la están ahora implantando, o como es el caso de Córdoba, no poner esa tasa, sino tener que actualizar y subir los precios de la tasa de recogida de basura, pues que esa recaudación vuelva a los ayuntamientos desde la administración autonómica".

El objetivo es que "sirva a su vez" a los ayuntamientos para "hacer las inversiones necesarias", de manera que "se dejen de depositar los residuos en vertederos y, por tanto, se cumpla con la directiva europea y, a su vez, haya que dejar de pagar ese nuevo impuesto". Cree que "es puro sentido común", de ahí que "se apruebe por unanimidad" este punto.

También, ha defendido que a través de la FAMP y la FEMP se haga una guía, que se trabaja ya en ella, para que "la implantación de la tasa en los ayuntamientos se facilite, porque esto tiene también una posible derivada técnica compleja, que es que luego haya litigiosidad y conflictividad en cuanto a que algunas de las tasas sean recurridas y rechazadas por los tribunales", ha advertido.

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de Europa Press. Lee el original aquí]