Una semana en los polígonos de las ciudades del sur de la Comunidad de Madrid sirve para comprobar un goteo incesante de ciudadanos que se ganan la vida aferrándose al hierro. Cualquier vecino puede ir con chatarra y ganar unas monedas. Solo se necesita el DNI. Después, un empleado supervisa todo. Y lo pesa en la báscula. Los chatarreros más veteranos dicen que de lo que hay en casa lo que más vale es la caldera y las ventanas. Francisco Plaza, madrileño, menudo, con vaqueros, gafas de sol, 38 años, y pelos de punta, es fontanero. “Yo voy con mi coche después de trabajar y si veo unos radiadores de una obra por la calle, me paro. Y los cojo porque sé que son 20 euros. Si me encuentro un grifo de una fuente de los parques, sé que son tres. Y si me encuentro una batería del coche, seis”. Todos insisten en la suerte. 

Hay muy pocos indicadores que analicen las ventas de la chatarra. Los últimos datos del sector son gigantescos. En 2019, España generó 20 millones de toneladas de acero, 7,7 millones de chatarras férricas, más de 231.000 de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos y más de 700.000 vehículos dados de baja. Un volcán gigantesco para la fundición. La chatarra es el primer camino del reciclaje.

Es un sector muy silencioso en el que se conocen todos. La competencia está en frente o a la vuelta de la esquina. El negocio está en los polígonos industriales. Apenas quedan cuatro o cinco locales por el centro de Madrid. En Prado Overa, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, existen más de siete empresas en dos manzanas. “No es una industria para hacerse de oro”, cuenta una portavoz de la Federación Española del Reciclaje. “Pero es una actividad que genera riqueza y empleo”.

La primera ley de residuos de España nació en 1998. Después, vino la de 2011, que desató una protesta sin precedentes por la gestión de los residuos: quien recoge, paga impuestos. Fue la primera manifestación por la chatarra de la historia en España. Cerca de 200 chamarileros cruzaron a las diez de la mañana del 12 de agosto de ese año la plaza de Cibeles al grito de: “¡Chatarra sí, impuestos no!”. La mayoría llevaba pancartas: “La basura es lo único que tenemos, no nos lo quitéis”. “Con la ley de reciclar, nos obligan a robar”. El pasado 18 de mayo, el Consejo de Ministros tramitó de nuevo un proyecto de ley para revisar la de 2011. El objetivo ahora es cumplir con las directivas europeas del plástico. No se han escuchado quejas.

“La pandemia ha multiplicado el trabajo. Cuando vienen las épocas de crisis, hay muchas empresas que cierran y hay mucho material que recoger y, cuando las crisis terminan, empiezan las construcciones inmobiliarias y tenemos mucho curro en las obras. Ese es el ciclo infinito del chatarrero”, cuentan desde otra empresa del sector. Hace un año el kilo de chatarra se pagaba a 10 céntimos. Hoy cuesta 24.

[Esta noticia fue publicada originalmente en El País. Lee el original aquí]