El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado el borrador del nuevo Plan Municipal de Residuos, que se divide en dos fases con función al cumplimiento de objetivos y que incluye medidas que van desde mayor concienciación e incentivos económicos a mayor control e incluso sanciones para quienes nos reciclen y separen la basura como corresponde.

El borrador se presentará este día en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y se abrirá un proceso de participación que culmine con una "estrategia de ciudad". El Plan, que estará en vigor de 2025 a 2030 y un presupuesto estimado de 20 millones de euros, se quiere tener aprobado en el primer semestre del próximo año. Así lo ha indicado Pintueles, en rueda de prensa en el Consistorio, en la que ha estado acompañado del jefe del Servicio de Residuos Urbanos de EMULSA, Sergio de Lucas.

En este sentido, el edil ha apuntado que buscan consensuar "un plan de ciudad, no de Gobierno", donde todos se sientan "responsables y comprometidos" en el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje y eliminación de residuos al que obliga la ley. Y si bien ha destacado que Gijón tiene unos resultados en reciclaje mucho mejores que otros municipios asturianos, ha advertido de que aún está "demasiado lejos" de los porcentajes fijados por la UE.

A este respecto, ha avanzado que la separación de residuos es "clave" y ha afirmado que si los gijoneses separaran adecuadamente los residuos se podría llegar hasta el 90 por ciento. Dicho esto, ha matizado que se fija en un 55 por ciento el porcentaje en 2025 y en un 65 por ciento para 2035 la basura depositada de forma separada. En línea con ello, ha incidido en que no cumplir con lo marcado por la UE podría acarrear la imposición de sanciones, que supondrían incremento de tasas a los ciudadanos.

En cuanto al borrador del Plan, ha indicado que se centrarán en aumentar la separación de residuos orgánicos. Ha remarcado, a este respecto, que el no separar la basura tiene un coste de más de dos millones de euros al año. Ha alertado, asimismo, que son dos millones de euros "enterrados" en el vertedero y que en menos de dos años el coste será de tres millones. Por ello, EMULSA quiere que los gijoneses tengan "más y mejores" herramientas para cumplir con este porcentajes, para lo que se implementarán una serie de medidas.

De Lucas, por su lado, ha explicado que este Plan se divide en cuatro líneas estratégicas y dos fases, de forma que la segunda, más controladora y con medidas coercitivas, se pondría en marcha si a finales de 2027 se comprueba que no se han cumplido con los objetivos.

En este sentido, ha recalcado que, a día de hoy, solo se deposita en el contenedor correspondiente el 13 por ciento de los residuos orgánicos, lo que quiere decir que el 87 por ciento se lleva al vertedero. En el caso de los envases, por ejemplo, el porcentaje llega al 30 por ciento. El responsable de EMULSA ha llamado la atención, en este caso, en que cumplir con el porcentaje del 50 por ciento en recogida separada no se consigue con tecnología, sino que obliga al ciudadano a hacerlo en origen.

Con ello, ha querido romper el "bulo", según él, que hay de que el ciudadano le hace un trabajo gratis a la administración o al ayuntamiento, cuando la ley obliga directamente al ciudadano. Es por ello, que ha considerado que puede ser "asumible" llegar a unos porcentajes de entre el 50 o 60 por ciento de recogida de basura separada.

Respecto a la recogida de residuos orgánicos, ha destacado que hay una tendencia "al alza" que puede hacer pensar que hay margen de maniobra y optimismo, aunque ha recalcado que los últimos tres años los porcentajes han quedado "estancados" en un 35 por ciento, cuando el objetivo legal es del 50 por ciento. Referente a ello, ha incidido en que la UE ya ha advertido a España, entre otros Estados miembros, de que no parece que se vaya a cumplir los porcentajes marcados, por lo que las multas acabarán repercutiendo en los ayuntamientos y en una subida de tasas.

Ha llamado la atención, también, en que el coste de tratamiento por cada tonelada de residuo de orgánica es gratis, así como otros residuos susceptibles de ser reciclados, pero, en el caso de la basura mezclada, el importe en 2025 será de 96 euros por tonelada, lo que implica "millones de euros enterrados en el vertedero", ha lamentado. Por este motivo, ha insistido en que cuanto más separemos los ciudadanos, menos vamos a tener que pagar.

En este sentido, ha indicado que el Plan fija cuatro líneas estratégicas: continuidad de campañas de concienciación ciudadana, también para generar buenos hábitos de hosteleros y comercios; facilitar lo más fácil posible la correcta separación de residuos; incentivar económicamente a quien más recicle y separe la basura; y dificultar que las familias incumplan la ley a través de "control, control y control", y después medidas coercitivas, según De Lucas.

Este ha precisado que esto último se aplicaría con función del análisis que se haga de cómo se cumplen los objetivos marcados. Estaría incluida la posibilidad del pago por generación de residuos, pero ha matizado que sería un sistema muy costoso y complejo, que incluiría instalar cerraduras en los contenedores, de forma que solo puedan abrirse mediante tarjeta identificativa, ya sea la tarjeta ciudadana u otra que se establezca.

Por otra parte, ha puesto de ejemplo de la línea 2 la posibilidad de realización de un evento gastronómico sostenible, donde se ponga énfasis en la sostenibilidad, con prohibición de utilización de elementos de un solo uso.

Otras medidas que se plantean en la fase 1 es el instalar más contenedores de textil, de los que hay uno por cada 3.000 y pico ciudadanos actualmente. También se quieren instalar más contenedores de recogida de poda o de selectiva de residuos donde no haya. A esto ha sumado más contenedores de aceite o puntos limpios de cercanía, para hacer más fácil al ciudadano depositar aquellos enseres que no pueden ir al contenedor. Otra posible actuación es establecer un puerta a puerta de hostelería, para tratar de incrementar la recogida de residuos orgánicos. A la hora de aplicar incentivos, ha avanzado que se debe modificar la ordenanza fiscal, de forma que se obtengan bonificaciones por, por ejemplo, uso de puntos limpios o de contenedores de basura orgánica.

En todo caso, ha opinado que a día de hoy en Gijón ya se dan los medios "suficientes y necesarios" para que Gijón pudiera cumplir los objetivos legales, por lo que esperan no tener que llegar a la fase B, por su complejidad técnica y al incluir medidas que no serán "agradables" para el ciudadano.

Sobre el presupuesto del Plan, ha aclarado que, si bien es una estimación porque las medidas podrían cambiar, se divide en diez millones de euros para la primera fase y la otra mitad para la segunda. Por ello, ha incidido en que está en manos de todos intentar ahorrar diez millones de euros. Hay actuaciones, eso sí, que ha señalado que se pueden poner en marcha con el presupuesto actual.

A la hora de establecer sanciones, si fuera preciso, ha indicado que se podría controlar si las tarjetas ciudadanas están vinculadas a una referencia catastral y éstas se usaran para abrir los contenedores. Eso sí, ha recalcado que el coste de poner una cerradura a un contenedor es de unos 1.500 euros, por lo que supondría unos cuantos millones de euros teniendo en cuenta que hay más de 3.000 de fracción resto. Se plantean, incluso, cerrar los contenedores de envases si aprecian un mal uso de los mismos.

En este punto, Pintueles ha señalado que serían agentes de la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local y los inspectores cívicos de EMULSA quienes llevarán a cabo el control.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]