Chile avanza en una propuesta para limitar la exportación de residuos peligrosos cuando exista capacidad nacional de tratamiento
El control de los movimientos internacionales de residuos peligrosos continúa ocupando un lugar relevante en las políticas de gestión ambiental. La necesidad de garantizar un tratamiento adecuado, evitar traslados que puedan generar riesgos y reforzar las capacidades nacionales está presente en distintas iniciativas regulatorias.
En este contexto, Chile ha dado un nuevo paso en la tramitación de un proyecto que modifica su Ley 20.920, marco legal para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del reciclaje. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el 4 de noviembre de 2026 la idea de legislar sobre la iniciativa, que busca establecer condiciones más restrictivas para la exportación de residuos peligrosos.
La exportación quedaría condicionada a la capacidad nacional
El proyecto, identificado con el boletín 15.627-12, plantea que la salida de residuos peligrosos de Chile tenga carácter excepcional. La autorización correspondería al Ministerio del Medio Ambiente y requeriría acreditar conjuntamente dos condiciones.
Por una parte, el país no debería disponer de capacidad técnica, servicios o instalaciones adecuados para eliminar o valorizar esos residuos de manera ambientalmente racional y eficiente. Por otra, los residuos tendrían que ser necesarios como materias primas para industrias de reciclaje o recuperación del Estado de destino.
La propuesta también contempla la posibilidad de realizar exportaciones en el marco de acuerdos suscritos entre Chile y otros Estados, siempre que estos no contradigan los objetivos del Convenio de Basilea.
Más obligaciones de información y control
El texto aprobado por el Senado incorpora obligaciones destinadas a comprobar que la exportación responde a una falta real de capacidad de tratamiento en el país.
Los gestores autorizados tendrían que informar semestralmente al Ministerio del Medio Ambiente sobre su capacidad técnica disponible. A su vez, los exportadores deberían presentar una declaración jurada y antecedentes técnicos que acrediten que no existen instalaciones o servicios nacionales adecuados para gestionar los residuos.
Con este planteamiento, la iniciativa pretende vincular las autorizaciones de exportación con información actualizada sobre las posibilidades de tratamiento y valorización existentes en Chile. También busca favorecer el desarrollo de las capacidades nacionales de gestión y recuperación de residuos.
Europa refuerza el control de los traslados transfronterizos
La iniciativa chilena se produce en un contexto en el que la Unión Europea también está reforzando sus normas sobre movimientos de residuos dentro y fuera de sus fronteras. El Reglamento (UE) 2024/1157, relativo a los traslados de residuos, persigue mejorar la trazabilidad, prevenir los traslados ilegales y evitar que los países europeos exporten sus problemas de gestión a terceros Estados.
La normativa mantiene la prohibición general de exportar residuos para su eliminación y la prohibición de exportar residuos peligrosos para valorización a países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Además, establece procedimientos de notificación y autorización para determinados movimientos, en función del tipo de residuo y de su destino.
En España, la aplicación del nuevo marco europeo ha incorporado desde el 21 de mayo de 2026 el sistema digital de traslados de residuos, conocido como DIWASS. Esta herramienta permite presentar e intercambiar electrónicamente la documentación de los movimientos internacionales en los que España participa como país de origen, destino o tránsito.
Aunque las medidas chilenas y europeas responden a marcos jurídicos diferentes, ambas iniciativas reflejan la importancia de controlar las condiciones en las que los residuos cruzan las fronteras y de garantizar que su tratamiento se realice de forma ambientalmente adecuada.
El proyecto chileno continúa su tramitación parlamentaria
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional, después de que el Senado aprobara el texto y lo remitiera a la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2026. Tras la aprobación general en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se estableció el 17 de noviembre como plazo preferente para presentar indicaciones.
La comisión también acordó invitar a la Fiscalía Nacional Económica a la sesión en la que se aborde la discusión particular del proyecto, con el objetivo de analizar sus posibles efectos sobre la competencia y el mercado nacional de valorización.
Por tanto, las restricciones planteadas todavía no están en vigor. Su alcance definitivo dependerá de la discusión parlamentaria y del texto que finalmente pueda aprobarse.







