Botellas de vidrio y plástico, papel periódico y de impresora, latas, tarritos de compota y una caja de cereal: ese fue el equipaje que llevó la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, a la primera reunión oficial del Ministerio con los recicladores.

En la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos de la Entidad Medioambiental de Recicladores (EMRS), ubicada en Bogotá, representantes del gremio le explicaron a Noguera y a los demás presentes, cómo se debe reciclar en la fuente para ayudar a dignificar su trabajo y aportar a la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Esta jornada se celebró con motivo de la creación del decreto 596 de 2016, con el que se busca formalizar el trabajo de los recicladores y vincularlos al sistema público de aseo.

La Ministra aprovechó para agradecer a los recicladores por su apoyo en la elaboración del decreto, que duró nueve meses y contó con la participación de 90 organizaciones. “Los aportes que hicieron, las reuniones que sostuvieron con el Ministerio de Vivienda para que pudiésemos comprender correctamente cómo funcionaban fueron muy importantes y ahora el decreto cumple con sus expectativas.”, dijo Noguera a los representantes del gremio presentes.

Para Luis Romero, representante de la agremiación EMRS, esta es una política innovadora en el país. “Creo que el reciclaje como se ha conocido cambiará. Empieza a tener ritmos de convertirse en uno de los componentes del servicio de aseo más importantes del país. Las políticas como el decreto 596 son las que crean inclusión y eso va a generar una paz duradera y estable”, expresó.

Sin embargo, algunos de sus compañeros son escépticos frente a la medida. Uno de los asistentes al encuentro con la Ministra se expresó inquieto pues, según dijo, “es un esquemas que dice ‘libre competencia’. Imagínese nosotros compitiendo con una bodega que tiene 5 o 6 carros y una infraestructura grande”.

Para cumplir con este decreto, las organizaciones de recicladores de todo el país tienen cinco años para formalizarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos en un proceso de ocho fases, y así poder acceder a los recursos del servicio público de aseo para el aprovechamiento de residuos sólidos.