El veto a los envases en el caso de la fruta y la verdura se aplicará a los lotes de menos de un kilo y medio de peso. Es una prohibición similar a la que recoge la ley francesa antidesperdicio, que entrará en vigor en ese país en 2022. El Ejecutivo español busca “combatir de la manera más eficaz la sobreutilización de envases”, detalla una portavoz del ministerio. Las mismas fuentes advierten de que la contaminación por plástico “ha excedido ya todos los límites” para justificar este veto. Dentro y fuera de España varias ONG ecologistas, como Greenpeace, llevan años lanzando campañas bajo el lema “desnuda la fruta” para presionar a los pequeños comercios y grandes superficies para que dejen de plastificar estos productos frescos.

El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera está rematando el texto del borrador, pero ya ha mantenido reuniones con las asociaciones empresariales y con las organizaciones ecologistas más importantes para trasladarles algunas de las principales líneas de actuación del real decreto, que debe servir también para trasponer varias normas europeas e incorporarlas así al ordenamiento jurídico español. Según la información que se ha transmitido, quedarán fuera de la prohibición de envases de plástico los alimentos “con riesgo de deterioro cuando se venden a granel”. La lista de productos será fijada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Julio Barea, de Greenpeace, está de acuerdo con el veto a la fruta plastificada, aunque advierte de que es importante analizar “cómo se aplicará” finalmente. Respecto al resto del real decreto, este activista cree que el Ejecutivo no va lo suficientemente deprisa para “cortar radicalmente el flujo de la contaminación por plástico”. “Bebemos plástico, comemos plástico y respiramos plástico”, advierte Barea sobre los efectos de una contaminación que califica de “pandemia”.

Una de las grandes batallas tanto de este real decreto como de la ley de residuos que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es la de la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, como existe en algunos países de la Unión Europea. Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, explica que el ministerio sigue dejando abierta la posibilidad de instar a la implantación de este sistema (que implica que el consumidor debe dejar unos céntimos de depósito por cada envase, que le son devueltos cuando retorna la botella). El texto del proyecto de ley que el Ejecutivo envió en mayo al Congreso de los Diputados era bastante ambiguo y simplemente lo plantea como posibilidad.

[Esta noticia fue publicada originalmente en El País. Lee el original aquí]