La nueva norma define los criterios exigibles a los productoresy gestores de residuos y concreta aspectos como el cálculo de la cuantía de lasindemnizaciones, su plazo de vigencia y todas las cuestiones necesarias para quelos agentes implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir con mayorfacilidad sus responsabilidades y obligaciones. 

De este modo, el real decreto facilita a los operadores de residuos la constituciónde instrumentos financieros, como los seguros de daños a terceros, que ayudarána las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de laactividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los dañoso pérdidas que puedan sufrir en sus bienes. Ello permitirá reducir la litigiosidad yfacilitará la resolución de eventuales conflictos que puedan surgir entre los gestoresde residuos y las personas afectadas por daños causados por su actividad. 

Al mismo tiempo, posibilita que las autoridades competentes dispongan demayores facilidades para obtener la compensación económica que corresponda, enel caso de incumplimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores yproductores de residuos, no teniendo que recurrir al presupuesto público parahacer frente a los mismos. 

Hasta ahora, cada comunidad autónoma contaba con criterios diferentes a la horade determinar cómo se constituían las garantías financieras, qué instrumentosfinancieros se podían usar y los criterios a tener en cuenta para calcular la cuantíade las garantías financieras a constituir por las partes afectadas. Con este nuevoreal decreto se establecen pautas comunes en todo el territorio nacional y seproporciona más seguridad a los operadores de residuos, lo que tendrá un efectopositivo sobre la competitividad del sector. 

Este real decreto no viene a crear nuevas obligaciones ni a establecer cargasadministrativas suplementarias, sino que facilita que los productores, gestores deresiduos y otras figuras como los sistemas de responsabilidad ampliada delproductor, que ya estuvieran obligados por la ley de residuos y otras normas envigor, puedan cumplir con sus obligaciones y atender a sus responsabilidades sinponer en riesgo la viabilidad económica de sus empresas. 

Este real decreto se corresponde también con lo previsto en la futura Ley deresiduos y suelos contaminados para una economía circular, que se encuentraactualmente tramitación parlamentaria, ya que la futura Ley prevé para lasgarantías financieras un régimen análogo al de la normativa vigente. 

Por otro lado, esta norma adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos quecontienen teluro de cadmio. La clasificación actual según la legislación vigente solopermitía catalogarlos como residuos peligrosos. Sin embargo, y dado que estasustancia está presente en algunos modelos en poca cantidad, esos panelespueden ser residuos no peligrosos conforme los resultados de la evaluación de lapeligrosidad de acuerdo con lo que establece la normativa de residuos. Por ello sehace necesario adaptar la normativa y contemplar ambas posibilidades, es decir,su clasificación como residuo peligroso y no peligroso para así, en ambos casos,destinarse a los tratamientos adecuados a sus características.